El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, confirmó ayer su apuesta por que Galicia se haga con las competencias "orgánicas y funcionales" en materia de Inspección Laboral, pese al fracaso de la reforma del Estatuto que ha posibilitado este traspaso en otras comunidades.
En respuesta al Grupo Parlamentario del BNG en la sesión de control al Gobierno, Touriño admitió que el actual modelo "no es operativo ni adecuado" a las necesidades de la comunidad, una opinión "compartida por el Gobierno del Estado", y por ello confió en el éxito de esta transferencia para diseñar la gestión en base a las especificidades gallegas.
En su opinión, la lucha contra la siniestralidad en el trabajo exige adaptar la respuesta a las particularidades de cada territorio y, pese a rechazar "trocear 17 modelos", consideró preciso ejercer esa competencia desde la Administración autonómica.
No obstante, asumió la obligación de aplicar "sinergias" con la estatal y, para ello, propuso un marco de negociación con el Gobierno central que permita un "cambio de modelo" para afrontar el "trabajo cotidiano de reducir los accidentes" en el ámbito laboral.
Precisamente, hace una semana el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó la inspección de trabajo entre las competencias cuya transferencia a Galicia "avanza", aunque en otros ámbitos como el Salvamento Marítimo, las atribuciones sobre el régimen económico de la Seguridad Social, la lucha contra la contaminación marítima, la pesca marítima y la investigación oceanográfica, advirtió de que son materias "competencialmente atribuidas al Estado".
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
Emilio Pérez Touriño subrayó que desarrollar "cada día en la Cámara" autonómica iniciativas como el Instituto de Seguridad Laboral aprobado ayer mismo "no significa que no se negocie con el Estado para tener esta competencia". "Nunca podremos caer en la autosatisfacción, hay que estar alerta", asumió.
Sin embargo, insistió en que la comunidad "parte de un hecho incuestionable: que el modelo actual no es operativo ni se adecúa a las necesidades" de Galicia, si bien destacó el descenso en el número de muertos registrado en los últimos años. "Una evidencia de que si trabajamos todos juntos en la misma dirección las cosas se pueden cambiar", declaró.
Por su parte, Aymerich lamentó que en Galicia haya "apenas" 57 inspectores, lo que supone menos de uno por cada 20.000 trabajadores, "una cifra insuficiente, además de que dependen de la Administración estatal". "Saludamos la labor del Gobierno gallego: esto es una empresa de todos", declaró, tras lo que advirtió de la relación de accidentes con la precariedad y los salarios bajos.
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