Los contratos de trabajo se bonificarán con 850 euros anuales en las cuotas de la Seguridad Social
La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales el Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad, y con competencia legislativa plena, el proyecto de ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción, por lo que será remitida al Senado para que continúe su tramitación parlamentaria.
Al texto se incorporaron 11 enmiendas transaccional as con el PSOE con diferentes grupos, entre las que destaca la inclusión de una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en los contratos de 70,83 euros mensuales y 850 anuales durante toda la vigencia del los mimos, o tres años en el caso de aquellos contratos indefinidos.
Además, se reconoce la competencia de las comunidades autónomas a la hora de dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la futura ley en el marco de sus competencias de asistencia social, así como posibilita que las empresas de inserción se organicen en una estructura asociativa y puedan recibir ayudas económicas para su promoción y funcionamiento.
Las enmiendas añadidas al proyecto elaborado por el Gobierno posibilitan también que se incorpore a las personas "procedentes de centros de alojamiento alternativo y de servicios de prevención e inserción social" como colectivos objeto de la ley".
SUPERAR LA "CULTURA DE LA AYUDA Y EL SUBSIDIO".
La portavoz socialista de la Comisión de Trabajo, Esperança Esteve, aseguró en declaraciones a Europa Press que esta ley supera la "cultura de la ayuda y del subsidio" en materia de inserción social, para lo que es necesario que los agentes sociales entiendan que se requiere de unas "reglas laborales distintas" respecto a estos trabajadores que operan a través de unas organizaciones sociales "que salen del paternalismo" para entrar en el mercado de bienes y servicios.
Carles Campuzano, de CiU destacó en un comunicado que "el encaje competencial no es el adecuado" y puede conllevar problemas en el futuro, aunque considera que las empresas de inserción son un "dispositivo esencial" para combatir la pobreza y la exclusión" y confía en que el nuevo marco legal "sea útil para sus objetivos".
Por su parte, la diputada de IU-ICV Carme García aseguró que hoy es "un día histórico" para el sector por la aprobación de una ley que permitirá a las empresas de inserción pasar "de ocupar un lugar muy importante pero invisible a un marco de normalización de derechos y deberes".
REINVERTIR EL 80% DE LOS BENEFICIOS EN PRODUCTIVIDAD E INVERSIÓN.
La iniciativa legislativa, que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta ya con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.
Las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir al menos el 80% de los resultados en la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Por otro lado, podrán concertarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
La propuesta del Ejecutivo pretende, asimismo, que la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas se trata de sustituir políticas pasivas por activas.
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