El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a los cinco jóvenes aspirantes a Bomberos de Tenerife que hace cuatro años fueron suspendidos en las oposiciones de acceso a la entidad, tras superar "brillantemente" las pruebas físicas y ser suspendidos en los informes psicológicos. El órgano judicial admitió íntegramente su demanda y sobre el fallo no cabe la interposición de recurso. Ahora, si superan un nuevo examen sobre su personalidad, tendrán que ser admitidos como funcionarios de dicho cuerpo de emergencias, a la vez que restituidos en la antigüedad que presuntamente les han quitado y en los ingresos económicos que no han percibido en este tiempo. Y ahora estudian iniciar otras acciones legales sobre personas relacionadas con este asunto.
La resolución del TSJC se ha pronunciado sobre la actuación del Tribunal de la Oposición en su conjunto, ya que incurrió en una serie de irregularidades y falsificaciones que oscilan entre los incumplimientos "graves" y los "verdaderos delitos".
Así lo anunciaron ayer la abogada de los afectados, Almudena Viota Mariñas, y el denunciante Alberto Álvarez Méndez, que ejerció de portavoz de sus compañeros: Santiago Tomás Báez Armas, Conrado Villoslada Marrero, Carlos Martínez Gibbs y Tamarán Brito Baute.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dictó el 27 de septiembre, es decir, hace más de dos meses. Según contaron ayer, en ese tiempo, la letrada y los bomberos han esperado a que el Cabildo o Bomberos de Tenerife "mostraran un mínimo de clase", es decir, que reconocieran los errores que, al parecer, cometieron en este caso.
Pero lejos de esto, según Méndez, "lo que se está haciendo por detrás es exactamente lo contrario y, además, con escritos indecentes, la verdad". La abogada intervino para aclarar que de este tema, de momento, no se puede hablar.
Gran parte de los argumentos de los cinco aspirantes suspendidos se basan en el comportamiento de la psicóloga encargada de realizar los exámenes de personalidad, María Ángeles Hernández Rodríguez, "compañera de facultad y amiga del Oficial Jefe de Bomberos". Cabe recordar que, gracias al suspenso de los afectados, el primo hermano del citado mando pasó a ocupar la última de las 37 plazas fijas convocadas en ese momento.
Álvarez manifestó ayer que la psicóloga violó los contratos, al negarse a firmar los informes psicológicos y a entregarlos al tribunal opositor. Por el contrario, se limitó a leer dos líneas de un par de informes anónimos. Cuatro de los cinco miembros de dicho tribunal aceptaron tal anormalidad.
La profesional, a juicio del portavoz, falsificó totalmente los resultados de los test de personalidad. Cuando accedieron a ellos, los denunciantes comprobaron que estaban aprobados. Álvarez Méndez añadió que la psicóloga también falseó los resultados de los informes correspondientes y falsificó su firma en, al menos, tres de ellos.
Y, casi cuatro años después, uno de los aspirantes todavía no ha podido consultar el suyo.
El aspirante a bombero Alberto Álvarez y la abogada Almudena Viota apuntaron que el caso supone un antecedente y un ejemplo de que, con justicia, "también se puede ganar a la administración". En su lucha hubo dos huelgas de hambre ante el Cabildo y, cuando empezaron, casi nadie creía que podían ganar su demanda.
En un juzgado de primera instancia que llevaba el asunto, no se permitió que declararan los responsables de los hechos, incluida la psicóloga, según Álvarez. Además, el portavoz de los suspendidos comentó que también se dejó pasar la fecha para que se aportara un informe clave para los afectados y no se autorizó que aportara su testimonio el principal testigo de los denunciantes, con la excusa de que no había tiempo.
El Tribunal opositor de aquella convocatoria estaba formado por un total de cinco personas. Una de ellas es Wladimiro Rodríguez Brito, presidente del Consorcio de Bomberos en aquella época. Y otros dos son los entonces gerente y secretario del Consorcio, que en un escrito privado a la psicóloga, "calificaron la situación de grotesca, de falta de ética y de mala fe", así como "que los informes psicológicos no tienen validez jurídica alguna por no estar firmados".
Hay que esperar
El consejero delegado de Seguridad y Emergencias del Cabildo, Manuel Ortega, dijo ayer que Bomberos de Tenerife "acatará siempre las decisiones judiciales, que serán cumplidas tan pronto sea materialmente posible". El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife informó de que espera una aclaración del TSJC para poder ejecutar la sentencia. El Consorcio puntualizó que "en esa segunda instancia el fallo judicial les ha sido, en principio, favorable" y hay que "clarificar" en qué forma afecta a los aspirantes que aprobaron dicha oposición en 2004. "Se trata, por tanto, de una cuestión que está aún sub iudice y resulta, en consecuencia, necesario aguardar hasta el último pronunciamiento judicial para poder llevar a efecto adecuadamente lo que de forma inequívoca determine la jurisdicción contencioso administrativa", según manifestó Manuel Ortega a ACN.
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