El nuevo marco laboral de los empleados de la Administración General del Estado en el extranjero, que Gobierno y sindicatos firmarán mañana, facilitará el traslado de las mujeres víctimas de violencia machista para hacer efectiva su protección y asistencia social.
Esta es una de las novedades del texto pactado después de quince años de negociaciones y que beneficiará a más de 6.000 contratados laborales que realizan su trabajo fuera de España -el resto, unos 3.000, son funcionarios-, que verán igualados sus derechos a los de los demás empleados públicos.
Estos trabajadores carecían hasta ahora de unas normas mínimas y uniformes en cuanto a sus derechos y obligaciones, tanto en el terreno individual como colectivo.
El acuerdo, cerrado a finales del pasado mes de octubre, se rubricará en el Ministerio de Administraciones Públicas en presencia de la titular del departamento, Elena Salgado, y del de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
Las mujeres víctimas de violencia machista que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo para su protección o asistencia social tendrán derecho al traslado a un cargo similar, aunque no sea 'vacante de necesaria cobertura'.
En este trámite se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su custodia, según reza el documento, al que ha tenido acceso Efe.
También se darán facilidades a estas mujeres para solicitar una excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios.
El nuevo marco laboral para los empleados de las embajadas y los consulados, con independencia de su nacionalidad, equipara los derechos al resto del personal laboral de la Administración General del Estado en materia de permisos, vacaciones, jornadas y horarios, excedencias, jubilación y régimen disciplinario.
De este modo se introducen ventajas en caso de maternidad o adopción o de cuidado de familiares enfermos o con discapacidades.
Reconoce además por primera vez el derecho a la representación colectiva de estos trabajadores, así como su participación en los planes de formación profesional.
Damián Peña, secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, sindicato mayoritario en el sector, ha afirmado a Efe que el acuerdo, 'lejos de ser perfecto', es un importante avance en las condiciones laborales del colectivo y es una base para la obtención de otras reivindicaciones que se irán debatiendo en una mesa mixta de diálogo.
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