La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, defendió ayer la "intensidad" con la que ha trabajado el Gobierno para dignificar el trabajo de los empleados públicos de las embajadas y consulados de España y con los que el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo que calificó de "histórico", ya que pone fin a 15 años de negociaciones.
Así se pronunció durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Pilar Unzalo Pérez, quien se interesó por el contenido del acuerdo, firmado el tres de diciembre por Salgado, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos y los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y CIG.
Salgado destacó que con el convenio "se fijan por primera vez las condiciones laborales del personal en el exterior, con independencia de su nacionalidad y de la legislación que les sea aplicable".
Los 15 años de negociaciones que han hecho falta para alcanzar un acuerdo reflejan, según Salgado, la "dificultad" que el convenio entrañaba, pero también la "clara voluntad de este Gobierno por superar todos los obstáculos".
Destacó, además, que la idea que preside el acuerdo alcanzado es el "principio de no discriminación", de modo que acaba con el "trato diferente entre el personal laboral que presta sus servicios en el exterior y el destinado en España".
Así, recordó, el acuerdo reconoce "derechos individuales con alcance similar al de los restantes empleados públicos" en lo que se refiere a permisos, vacaciones, jornadas y horarios, excedencias, jubilación y régimen disciplinario, entre otros.
También les reconoce por primera vez el derecho a la representación colectiva y sienta las bases para proceder a un desarrollo posterior en materias como la movilidad y la estructura retributiva.
El convenio afectará a más de 6.000 empleados públicos que prestan sus servicios en oficinas adscritas en embajadas y consulados de España.
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