La Delegación Provincial de Educación dio ayer marcha atrás y anunció la readmisión de cinco interinas destituidas que se dieron de baja por “amenazas de aborto”. La Junta alegó que desconocía que estaban embarazadas y que, en cuanto se supo, pararon el proceso, argumento rechazo por las propias afectadas.
Han sido cinco casos los admitidos por la Delegación de Educación, Cinco mujeres, entre ellas Elena Rivas, que fueron destituidas, y en algunos casos, expulsadas de la bolsa de trabajo tras pedir bajas por “amenaza de aborto” en sus embarazos poco después de su toma de posesión.
La junta de personal de la Delegación se reunió ayer para analizar estos expedientes. Según fuentes sindicales, presentes en la reunión, la Delegación Provincial admitió que había tres mujeres cuya readmisión era segura, mientras que otros dos expedientes debían ser revisados. Estas dudas iniciales se disiparon a lo largo de la reunión. Tras la sesión el delegado, José Jaime Mougan, anunció públicamente la rectificación de la Administración autonómica. Pero excusó los despidos. Alegó que “no se sabía que estaban embarazadas”.
Su explicación no convenció ni al Sindicato de Interinos de Sevilla –promotor de las denuncias– ni a CCOO –que asegura haber tramitado otras reclamaciones de este tipo en los últimos meses–. Tampoco a las embarazadas. Una de ellas, Elena Rivas –profesora de Educación Física en Torreblanca despedida el pasado 10 de diciembre– mostró escandalizada su sorpresa por las palabras de Mougan. Pasó hasta dos inspecciones médicas y remitió numerosa documentación en la que acreditaba su estado.
El 22 de octubre –dos meses antes de su despido– envió un escrito a la Delegación que recogía las siguientes afirmaciones: “…En ello se explica el motivo de la solicitud de la baja y el riesgo que existe para mi embarazo”. Y hay otro argumento de peso: al tomar posesión entregó un certificado médido en el que se revela su estado. El mismo día o varias jornadas después varias de las afectadas entregaron esta documentación médica.
La Delegación Provincial de Educación negó a este periódico que hubiese constancia de los embarazos. Según fuentes de este área, en los certificados médicos que entregaron las cinco interinas al tomar posesión no figuraba su estado. Además, la Delegación asegura que en las bajas médicas únicamente se alega una “enfermedad común”. De ahí que se decidiera sospechar de “engaño”, “mala fe” o “picaresca”.
“Las bases aplicables al profesorado interino prevé la revocación del nombramiento ante la ocultación de una circunstancia que imposibilite la ocupación de un puesto”, recoge una de las resoluciones a las que tuvo acceso este periódico. En ellas, ciertamente, no se hace alusión a embarazos, y sí a “situaciones de incapacidad temporal”.
En las explicaciones dadas ayer a este periódico, la Delegación Provincial eludió hacer referencia a las inspecciones médicas, a las conversaciones que mantuvieron las afectadas con los responsables de Recursos Humanos y a la documentación médica remitida por las embarazadas. Según la Delegación Provincial, sólo conocieron los hechos cuando se recurrieron las resoluciones de destituciones.
Se apoya la Delegación Provincial en un aspecto técnico: según las bajas médicas que están en posesión de algunas de las afectadas, las copias que se quedan las afectadas sí detallan los motivos médicos –en este caso la amenaza de aborto–, pero no ocurre así en las copias que se quedan los empresarios, en las que apenas se especifican las causas de la baja médica. “Lo sabían desde el primer momento. El mismo día que me incorpore al puesto entregué un certificado médico diciendo que estaba embarazada”, explicó Elena Rivas.
La Delegación Provincial de Educación ha alegado otro motivo para explicar su decisión de destituir a cinco embarazadas: su interés en sustituir lo antes posible a las afectadas, que se dieron de baja poco después de tomar posesión. Se apoyan en que se trata de interinos. El problema es que algunos de ellos, como Elena Rivas, llevan seis años de servicios. En otros casos la cifra es menor, pero casi todas las despedidas habían pasado ya por varios destinos.
El tiempo será también ahora determinante. La revocación de la resolución de cese no se realiza con una simple rectificación pública. La Delegación Provincial de Educación deberá ahora resolver favorablemente los recursos de alzada presentados por las afectadas. Según fuentes consultadas, la resolución de este conflicto puede pasar a manos de la Consejería de Educación.
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