Los aspirantes a bombero del Consorcio de Tenerife que fueron suspendidos en la convocatoria de 2003 expusieron ayer diversos documentos ante los medios de comunicación que, a su juicio, refuerzan aún más sus reivindicaciones ante dicha institución. Entre ellos, cabe destacar un informe pericial de un gabinete psicológico que desmiente las valoraciones realizadas por la psicóloga Ángeles Hernández en las oposiciones donde los cinco afectados no pudieron acceder a las plazas de funcionarios.
Tras ser declarados "no aptos", hasta cuatro de los denunciantes tardaron varios meses en obtener los resultados de la prueba psicológica de las oposiciones, mientras que el quinto aún no ha recibido tal documentación. En algunos de ellos, presuntamente se falsificó la firma de la citada profesional, mientras que en otros no aparece.
Si en las oposiciones uno de los aspirantes suspendidos tuvo una decena de respuestas valoradas negativamente sobre un total de 15 preguntas, el informe pericial de un gabinete psicológico apuntó que hasta 13 cuestiones fueron respondidas de manera correcta por la misma persona.
El portavoz de los denunciantes, Alberto Álvarez, mostró una carta del ex gerente del Consorcio de Bomberos Jacobo Kalitovics a la psicóloga de las oposiciones, en la que la advertía de que estaba obligada a entregarles los papeles de su evaluación y entendía que se estaban menoscabando los derechos de los afectados.
Así, Kalitovics firmó un texto en mayo de 2004 que dice: "el argumento de que ya (ha) sido cumplido el trámite solicitado por los opositores pues ya han sido estos entregados de forma personalizada, se aparta también de la realidad de esta cuestión (…)". Más adelante, el propio Kalitovics señala que "en consecuencia, no parecen en absoluto justificados ninguno de los dos argumentos (de la psicóloga) para mantener esta negativa inicial. Por el contrario, con esta actitud entendemos que se está menoscabando su pleno y adecuado derecho de acceso a archivos y registros plasmado abiertamente en la Ley 30/1992, máxime en su condición de interesados directos en el procedimiento selectivo. Esta Administración no puede satisfacer tal derecho sin su colaboración, quedando los opositores en una situación que no le permite acreditar ante cualquier otra instancia que el informe personal que poseen es el suyo". Además, apunta que "más desconcertante es, si cabe, su sugerencia de que para poder entregar toda la información que le sea solicitada, es preciso contar con la autorización expresa de todos los aspirantes que aparecen en el listado de la prueba psicológica. (…) Resulta grotesco que se hable de la necesidad de este consentimiento en este caso cuando son los propios opositores los que desean esta identificación de sus informes".
No obstante, el ex gerente comentó en otro documento remitido al decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la provincia, que está convencido "de que el proceso se ha desarrollado bajo la más absoluta objetividad, rigor y, en definitiva, legalidad".
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