La plataforma sindical creada para que el Gobierno central actualice la indemnización de la residencia a los empleados públicos estatales en Canarias denunció la discriminación que sufren respecto a Ceuta y Melilla, donde este concepto se aplica sobre el 80% del sueldo.
El portavoz de la plataforma, Manuel Cárdenas, informó de que en Canarias no se actualiza este complemento desde 1995 frente a las seis revisiones que se han aplicado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las tres de Baleares, con motivo de la concentración que protagonizaron en la Delegación del Gobierno.
Según Cárdenas, el porcentaje que se aplica sobre el sueldo en Canarias es el 15%, lo que supone una diferencia salarial en un empleado público de categoría media con respecto a las dos ciudades autónomas de 410 euros, por lo que exigen que este plus se legisle para evitar la arbitrariedad en su aplicación y la dependencia del "gobierno de turno".
Subrayó que se trata de una diferencia importante, sobre todo, para los salarios "mileuristas" que cobra la mayoría de los 22.000 trabajadores afectados en el Archipiélago, donde la plataforma está dispuesta a convocar una huelga general antes de las elecciones generales de marzo para acabar con esta "discriminación".
La plataforma, que tiene intención de protagonizar un encierro en la Delegación de Gobierno, recaba firmas para enviar un manifiesto reivindicativo al Ministerio de Administraciones Públicas.
Cárdenas informó de que esta indemnización se creó en los años cincuenta, pero el Gobierno de Adolfo Suárez congeló este concepto en 1980 y a partir de esa fecha se incrementó en función de la previsión de subida del IPC, que "siempre es menor" a la que se produce.
En 1995 se comenzó a actualizar este complemento, pero sólo se hizo en Ceuta y Melilla, y en Baleares, cuando la situación geográfica de las Islas Canarias "debe ser más compensada por la lejanía y la ultraperificidad", subrayó.
Informó de que el pasado mes de septiembre se reunió un grupo de trabajo de la mesa general de la Administración Pública para abordar esta situación, donde estaba representa Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias, con el fin de llegar a un acuerdo.
El problema, prosiguió, es que no ha habido más reuniones del grupo, que tenía el propósito de elaborar una propuesta para ser remitida al Consejo de Ministros.
Cárdenas se quejó también de que el Gobierno ha incrementado la indemnización de residencia a los jueces, magistrados y secretarios judiciales de las dos islas capitalinas, pero mantiene el mismo porcentaje a los funcionarios y personal laboral que trabajan en las delegaciones de los ministerios, y al personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Informó de que el incremento de la indemnización por residencia, al ser un concepto básico, repercutiría en los funcionarios autonómicos y en los locales.
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