El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Francisco José Gómez, contestó ayer a la nota aclaratoria interpuesta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Carlos Saavedra, comisario jefe de la Policía Local de la ciudad, esclareciendo que los puestos de los 210 funcionarios no corren peligro.
Concretamente, el auto remitido por la Sala aclara que 'para evitar inútiles polémicas' recuerda que 'no se está ante una nulidad de pleno derecho o radical, sino ante un acto o resolución que incurre en simple vulneración de aquellos preceptos legales señalados en la sentencia', es decir, que los 210 funcionarios que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) en 2005, no están afectados por el fallo de la sentencia que anula las oposiciones por un defecto en los plazos y podrán convalidar su aprobado para seguir ejerciendo.
En la misma aclaración, el equipo judicial precisó que los jueces y tribunales no pueden variar las sentencias y autos definitivos o resoluciones que pronuncien después de firmarlas, pero sí rectificar cualquier error, suplir alguna omisión o aclarar algún concepto oscuro, como es este caso.
La pesadumbre cayó la semana pasada sobre los 102 administrativos por promoción interna del Ayuntamiento capitalino, seis arquitectos técnicos y 102 policías locales y bomberos, cuando se hizo pública la sentencia del TSJC de que se anulaban las oposiciones de 2005, como respuesta a la interposición de un recurso por parte del comisario jefe de la Policía Local, Javier Henríquez, en enero de 2006, basada en un error en los plazos de convocatoria de la OPE de 2005.
Las oposiciones en cuestión se realizaron en diciembre de 2005, once meses después de haberse convocado las pruebas, por lo que no dio tiempo legal para gestionar los resultados antes del fin de ese año y precisamente por este error en la planificación se anulan ciertos aspectos de la Oferta Pública de Empleo.
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