La sanidad autonómica se duele de falta de profesionales y los responsables de la 'cosa pública' esperan convencer a médicos y enfermeros que han emigrado a otras comunidades para que retornen a su tierra con un puesto de trabajo estable. La Junta convocará 'de forma inminente' un concurso de traslados que se extenderá a '2.500 o 3.000' plazas de todas las categorías que afectan a la atención a los pacientes, desde celadores a médicos especialistas.
Desde la Consejería de Sanidad no han querido ofrecer oficialmente datos concretos sobre el reparto de plazas de esta oferta pública de empleo, aunque otras fuentes avanzaron que el concurso primará las plazas de medicina 'en casi todas las especialidades' y enfermería, con especial atención a la Atención Primaria y al medio rural, con médicos de familia y pediatras.
La maquinaria administrativa que intenta asegurar la llegada a buen puerto de este macroconcurso laboral se ha puesto en marcha en las Cortes. El portavoz del PP en el parlamento autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que su grupo presentará una Proposición de Ley que flexibilizará los requisitos para optar a estas plazas y permitir que los sanitarios que lograron una plaza hace menos de dos años puedan presentarse.
La ley que regula al personal sanitario -aprobada el año pasado- cierra la puerta a aquellos profesionales que no llevan dos años en su puesto actual, afectados por la demora en resolver el último concurso del Insalud -4.200 sólo en la región-. Este retraso coincide con el adelanto y la 'urgente' convocatoria de la oferta pública regional. 'Queremos remover todos los obstáculos que haya para hacer que queden las menos plazas vacantes', explicó Fernández Carriedo, perfecto conocedor de la sanidad autonómica al haber sido consejero del ramo en la legislatura en que Castilla y León recibió la transferencia del Insalud (año 2002).
Desde esa fecha, Sacyl ha incorporado 6.000 nuevos efectivos hasta superar los 30.000 profesionales que atienden hoy a los pacientes de Castilla y León, destacó ayer el propio Carriedo. Un personal que, también reconoció el popular, no puede hacer frente al aumento de trabajo motivado por 'nuevas prestaciones' y una población envejecida que requiere de las visitas al médico en mayor medida que los jóvenes.
El objetivo de esta modificación legal, que las Cortes tomarán en consideración el 13 de febrero en el primer pleno del año y que aprobarán -el PP tiene una holgada mayoría- el 14 de marzo, es doble. Por un lado, permitir que opten al concurso los profesionales de la región y, por otro y que es en el que más hincapié hacen los populares, abrir la mano lo máximo posible a que llegue personal de otras comunidades, con especial atención a los sanitarios formados en Castilla y León que en años pasados se han visto obligados a trabajar fuera, 'muchos de los cuales quieren volver', matizó Carriedo.
La Junta intenta así entrar con garantías en la pugna que las autonomías han iniciado por médicos, enfermeros y fisioterapeutas, profesiones que han pasado de la abundancia y el paro a la escasez y el pleno empleo en los últimos años.
La carencia de personal para atender a los pacientes no es un asunto nuevo en las Cortes. El hemiciclo del parlamento ha amparado debates sobre la falta de médicos que cubran las vacaciones de verano y la fuga de especialistas, con denuncia de casos concretos por parte de la oposición socialista en Miranda de Ebro, con la falta de un oncólogo, y de pediatras, traumatólogos, anestesistas y oftalmólogos en el hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.
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