Cansados de esperar y de promesas incumplidas, nueve conductores de la Diputación Provincial han llevado a los tribunales su reclamación del pago de las horas extra desempeñadas y no cobradas durante los últimos siete años. El conflicto viene de lejos, desde que se aprobara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución en 2001 y desembocó el pasado martes en el juzgado de lo contencioso-administrativo, cuya sentencia está previsto que se conozca la próxima semana. Mientras los conductores exigen el pago de más de mil horas extra pendientes y la oposición socialista pide una solución urgente y duradera, el equipo popular de gobierno da por hecho que en los próximos días habrá un acuerdo tras el informe elaborado por el departamento de desarrollo organizacional sobre las necesidades de este colectivo.
El grupo de chóferes afectados pertenece a la categoría intermedia de conductores de la Diputación con un tipo de jornada laboral de plena dedicación, según los acuerdos de 2001, que contemplan que estos profesionales pueden desempeñar un máximo de horas extra equivalente al 10% de su jornada ordinaria, fijada en unas 1.560 horas anuales. Sin embargo, la mayoría de los nueve conductores demandantes han sobrepasado con mucho ese límite y cada uno de ellos ha realizado más de 150 horas extra al año que no les han sido retribuidas, según fuentes de este colectivos. Las discrepancias de los afectados con el área laboral de la Diputación se centran en la interpretación de la categoría de "dedicación plena": mientras la institución ha considerado desde 2001 que todas las horas extra estaban incluidas, los chóferes mantienen que todas y cada una de las horas que superen el 10% de la jornada ordinaria deben ser pagadas.
Con este planteamiento, los conductores reclaman cantidades que oscilan entre 6.000 y 12.000 euros. Después de pedir el pago por escrito y de reclamar en vano una reforma del acuerdo laboral de la RPT, han acudido a la vía contencioso-administrativa.
El presidente del grupo socialista en la corporación provincial, Antonio Amorós, declaró ayer que este problema "debió solucionarse hace bastantes años, pero ha faltado voluntad política para sacar adelante una solución".
Por su parte, fuentes del grupo popular de gobierno se mostraron optimistas sobre la pronta resolución de un conflicto "que viene de lejos" en virtud del estudio elaborado por el departamento de desarrollo organizacional "que permitirá buscar una solución estable para este colectivo, una vez se estudien sus necesidades y se hable con los sindicatos, el jefe del servicio y los propios trabajadores.
El PSPV dice que es un "colectivo poco protegido"
El presidente del grupo socialista de la institución provincial, Antonio Amorós, destacó ayer que el colectivo de los conductores es "uno de los más desprotegidos" en materia de retribuciones, por lo que instó al PP a buscar una solución urgente que tenga una vigencia prolongada en el tiempo. "El presidente Ripoll se ha mostrado últimamente muy generoso con los funcionarios, secretarios y diputados, a los que les ha anunciado una subida en sus nóminas", señaló Amorós, "por lo que sería deseable que hablara también con los chóferes para buscar una solución global que incluyera a este grupo que ha demostrado su capacidad de esfuerzo y sacrificio".
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