La Audiencia de Granada acogerá a partir del próximo 4 de marzo la repetición del juicio contra dos sindicalistas, miembros de un tribunal que debía resolver unas oposiciones a bombero en Granada, a los que la Fiscalía acusa de falsedad en documento oficial y violación de secretos.
El juicio se volverá a celebrar después de que el Tribunal Supremo obligara a repetirlo tras aceptar un recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los sindicalistas y anulara la sentencia dictada por la Audiencia de Granada, por las que se les condenó a penas de dos y cinco años de prisión.
El Supremo falló que el procedimiento se retrotrajera al momento en el que fue denegada una prueba para admitirla y celebrar nuevo juicio por un tribunal distinto y con pronunciamiento expreso sobre las circunstancias modificativas de las responsabilidad criminal.
La prueba referida por el TS es la declaración testifical del entonces alcalde de Granada José Enrique Moratalla, que fue denegada "sin que se motivara en forma alguna, recogiéndose únicamente la no admisión de la prueba" por el Tribunal.
En la sentencia del Supremo se precisaba que con este testigo, de acuerdo con lo manifestado por el recurrente, se hubiera desvanecido la sospecha de los juzgadores "basada en que el acusado no denunció los hechos hasta un momento muy posterior".
Respecto a la no existencia de atenuantes en los hechos, que también fue recurrido ante el TS, consideró que el Tribunal se limitó "de forma tajante y simplista" a consignar que no concurrieron en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, "sin mayores aditamientos explicativos".
Los sindicalistas, miembros de un tribunal que debía resolver unas oposiciones a bombero en Granada, fueron condenados en junio de 2006 por la Audiencia Provincial a dos y cinco años de prisión, respectivamente, ambos como autores de un delito de revelación de secretos y uno por falsedad en documento público.
Según la sentencia -posteriormente anulada-, a la que tuvo acceso Efe, Jose Manuel B.S. (CCOO) se consideró autor criminal de los dos delitos, por lo que fue condenado a un total de cinco años de prisión y a una multa de 1.080 euros, mientras que Gerardo M.G. (independiente) fue absuelto del delito de falsedad del que le acusaban, pero se consideró responsable de uno de revelación de secretos.
El Tribunal de Granada consideró entonces como hechos probados que el procesado José Manuel B.S. "sólo o con la ayuda de otras personas no identificadas", a fin de que un bombero interino opositor aprobara uno de los exámenes de las pruebas, "alteró las preguntas que estaban mal, pasándolas a bien, para que la nota del ejercicio quedase en un 5".
Por su parte, la Fiscalía, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, pide seis años y medio de cárcel para los sindicalistas.
El Ministerio Público precisa que el día antes de una de las pruebas, los acusados y el entonces jefe del cuerpo de Bomberos, Antonio Rodríguez Franco, fallecido en un accidente de tráfico, plasmaron por escrito 21 de las 30 preguntas de un examen con el propósito de hacerlas llegar a los aspirantes interinos que se presentaron al concurso de oposición para 16 plazas.
Según el fiscal, el empeño de los procesados era conseguir que los bomberos interinos que llevaban trabajando años obtuvieran una plaza, para lo que burlaron el anonimato de los exámenes y alteraron, al menos, las pruebas de dos aspirantes -que habían sacado un 3,1 y un 4,8- para que aprobaran.
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