El Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a favor de sus arrendatarios, así como el incumplimiento de requisitos legales en las operaciones.
Esta es una de las conclusiones de su ‘Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social’ al que tuvo acceso Europa Press.
El Tribunal explica que la mayor parte de las enajenaciones de inmuebles de su propiedad efectuadas por la Tesorería durante ese año se refirieron a viviendas y locales que previamente se encontraban arrendados y se instrumentaron mediante una "encomienda de gestión" efectuada a favor de la empresa pública SEGIPSA.
En este sentido, el máximo organismo fiscalizador asegura que, en general, los precios de venta, ajustados a los valores resultantes de la tasación efectuada de esta forma descrita, fueron "muy inferiores" a los precios de mercado si éstos hubiesen sido calculados suponiendo libres de arrendamiento las viviendas o los locales.
En algún caso, este precio llegó a representar únicamente el 29% del valor de mercado, sin que los informes de tasación aportados en el expediente expliciten las circunstancias personales aplicables a cada arrendatario y sin que la Tesorería haya acreditado el cumplimiento de determinados requisitos legales de las enajenaciones de inmuebles, como informes jurídicos previos, o ni siquiera la pertinente autorización ministerial.
SIGUEN LAS DEFICIENCIAS EN LAS ADJUDICACIONES
El organismo fiscalizador señal como puntos negativos revelados por su investigación la "excesivamente elevada" proporción de contratos adjudicados por procedimiento negociado, así como deficiencias en la revisión de precios y en las garantías para los criterios de adjudicación, ya detectados en anteriores informes de fiscalización sin que la Tesorería haya adoptado las "medidas necesarias" para corregirlas.
Asimismo, el Tribunal revela que el importe certificado de las prórrogas de algunos contratos de consultoría y asesoría fueron inferiores al importe resultante de los expedientes que, de oficio, le ha remitido la propia Tesorería. Así, cifra la actividad contractual de la Tesorería durante el ejercicio 2005 en 1.226 contratos adjudicados, por un importe total de 490 millones de euros.
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