Los dos sindicatos mayoritarios en el Concello de Orense han anunciado ayer en rueda de prensa conjunta la presentación de una causa penal por presunta prevaricación en el nombramiento de personal interino del concello y otros 14 recursos contenciosos por posibles irregularidades en el funcionamiento del departamento de Personal. La paralización de las oposiciones que estaban en marcha y contrataciones de laborales sin tener en cuenta las bases, son algunos de los asuntos que acabarán en el juzgado.
Juan Carlos Iglesias, delegado del CSIF en el Concello de Orense, José Luis Valcárcel Baiget de USO, y el presidente del comité de empresa del personal laboral, José Antonio Moreiras, anunciaron que pedirán al alcalde la destitución inmediata del concejal del Personal, Antonio Rodríguez Penín y del jefe de este servicio, Javier García Gago, por su modo de llevar este departamento y por «mentir» a los trabajadores. Se refieren a la convocatoria realizada por el concejal de Personal a los sindicatos para elaborar un nuevo acuerdo regulador de los funcionarios, aludiendo a la presunta ilegalidad del actual que supuestamente impediría que se pagasen las ayudas sociales.
Acuerdo marco
Los representantes de CSIF y USO aseguraban que el hecho de que el acuerdo marco no hubiese sido publicado en el BOP no le resta legalidad y aludían a la ratificación en pleno del documento «que es un acuerdo firmado entre partes». Los sindicalistas mostraban ayer su sospecha de que el nuevo acuerdo que pretende negociar el Concello de Orense sea «una vuelta atrás» y alertaron de contradicciones entre el marco regulador que todavía está en vigor y la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo). «Ellos han dicho que ahorrarán cinco millones en cuatro años, y también que el número de personal es excesivo, pero por lo de pronto se han hecho treinta nuevos contratos y se han creado listas de contratación, lo cual parece contradictorio», matizaba Valcárcel Baiget. En todo caso, los dos sindicatos afirman que no se niegan a negociar un nuevo convenio que mejore el actual «pero no que nos digan que quieren cambiarlo ya, sin darnos tiempo para estudiarlo y sin explicar qué quieren variar».
El informe del jefe de servicio en el que se basa el concejal para aludir a la ilegalidad del actual acuerdo es, para los portavoces sindicales «torticero».
Ambos sindicatos han anunciado también la convocatoria de asambleas para decidir posibles movilizaciones.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.