El Ministerio de Justicia reiteró ayer su voluntad de encontrar una solución ‘negociada’ al conflicto que mantiene desde hace ocho semanas con los funcionarios de los organismos judiciales, que reclaman la equiparación de sus salarios con los de sus compañeros en órganos dependientes de las comunidades autónomas, y recordó que ha modificado su oferta ‘en al menos seis ocasiones’ ante las ‘inflexibles exigencias’ de los sindicatos.
En un comunicado, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo respondió a la manifestación de miles de funcionarios de Justicia que este mediodía ha recorrido las calles de Madrid, después de que anoche se interrumpiera la negociación entre los representantes sindicales y del Ministerio.
Justicia insistió en que la reunión fracasó por la exigencia de los sindicatos de recuperar el trabajo acumulado dentro de la jornada laboral y cobrarlo como horas extras, y aseguró que son las ‘inflexibles exigencias sindicales’ en este aspecto y en lo referente al aumento de los salarios las que han impedido que se alcance un acuerdo. Asimismo, recordó en que ha convocado una nueva reunión de la mesa de negociación para el próximo lunes a las 16:30 horas, que supondrá la número 12 en la serie de encuentros.
La última oferta del Ministerio contempla un incremento salarial de 110 euros por funcionario y mes con efectos desde el 1 de enero de 2008, de los que 60 euros se percibirían mensualmente desde enero de este año y los 50 restantes acumuladamente como una paga única de al menos 600 euros en la nómina correspondiente a enero de 2009.
Desde este mes, los funcionarios percibirían íntegramente los 110 euros por mes, y desde abril del mismo año un incremento adicional de 70 euros al mes, con lo que la subida alcanzaría los 180 euros mensuales. A cambio de las mejoras salariales, el Ministerio exige una serie de contrapartidas encaminadas a la mejora del funcionamiento de la Oficina Judicial y la aplicación de nuevas herramientas informáticas.
Además, Justica señaló que prepara ‘planes inmediatos’ de actuación para resolver los retrasos una vez se supere el conflicto, y precisó que, dentro del máximo respeto del derecho a huelga, está vigilando ‘estrechamente’ el cumplimiento de los servicios mínimos.
Asimismo, recalcó que, paralelamente a la negociación con los sindicatos, ha mantenido durante las dos últimas semanas múltiples contactos con representante de órganos jurisdiccionales y colectivos profesionales afectados por la huelga.
Entre ellos destacan los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Consejos Generales de abogados y procuradores, así como de los secretarios y gerentes de gobierno de las comunidades autónomas a las que no se ha transferido los órganos jurisdiccionales, a los que ha pedido su colaboración para abordar las consecuencias del conflicto.
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