El Ministerio de Justicia y los sindicatos del sector firmaron en la madrugada del martes un documento que podría terminar con el conflicto laboral que se prolonga desde hace ocho semanas en todos los organismos judiciales que no han sido transferidos a las comunidades autónomas.
El ministro en funciones, Mariano Fernández Bermejo, calificó el preacuerdo de "buena noticia" y cifró en "cinco o seis meses" el tiempo para estar "en mejores condiciones" en aquellos sitios donde más ha afectado la huelga.
"Yo soy el primer frustrado porque esto no haya tenido una salida anterior, hubiera sido muy deseable", manifestó en una entrevista en la Cadena SER. "Pero cuando hay que aproximar posturas hay muchos obstáculos, no sólo el dinero, y mucha letra pequeña".
Según los datos del ministerio, el documento contempla una subida de 140 euros con efecto de este año, desglosados en: 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más que serán abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009.
Además, otros 40 euros se empezarán a pagar en abril del año que viene, lo que supondrá un aumento total de 180 euros mensuales.
Eso sí, la subida salarial conlleva una serie de contraprestaciones para la mejora y modernización del funcionamiento de la Oficina Judicial, aseguró el comunicado del ministerio.
La firma del acuerdo, que aún tiene que ser ratificada por las asambleas de los trabajadores en referendos, llega tras dos meses de huelga y 12 reuniones de la mesa de negociación con los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ.
"Tanto el incremento salarial como la fórmula de recuperación de los retrasos acumulados durante el periodo de huelga han sido los dos principales escollos que la voluntad negociadora de ambas partes ha conseguido superar esta noche", dijo el comunicado, que califica el resultado de "satisfactorio".
La huelga ha paralizado la realización de actividades básicas como registros de nacimiento, bodas o defunciones, así como numerosos trámites administrativos, como la concesión de ayudas de maternidad o paternidad.
A la huelga estaban convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades – Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias -, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, según datos de medios.
Los sindicatos reclamaban una homologación salarial con los funcionarios de las administraciones autonómicas.
Justicia aplicará de inmediato planes para restaurar el funcionamiento de la Administración, consistentes en una mayor dedicación horaria y la fijación de objetivos.
Una Comisión de seguimiento formada por ambas partes evaluará el cumplimiento de los compromisos alcanzados.
Los sindicatos, por su parte, negaron que hayan alcanzado un principio de acuerdo para poner fin a la huelga tras la última oferta realizada ayer por el Ministerio de Justicia, que consideraron "insuficiente". No obstante, la propuesta será llevada mañana miércoles a reférendum, para que los funcionarios decidan su aceptación o no.
Según explicó a Europa Press el portavoz de UGT, Joaquín Vela, si el resultado de la votación de mañana es positivo, los sindicatos suscribirán la propuesta y se pondrá fin a la huelga, pero si por el contrario, los trabajadores no aceptan la oferta, que no contempla los 200 euros mensuales que pedían los sindicatos, "continuará el paro".
Según Vela, "no se sabe" cuál será el resultado de la votación, ya que "hay muchas opiniones" y ya han pasado casi dos meses desde que comenzó la huelga. "Si llevaramos dos o tres días estoy seguro de que no se aceptaría", afirmó el responsable sindical.
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