El presidente del consorcio dio a conocer los miembros del órgano que "deberá ejecutar la sentencia del TSJC". Sin embargo, los afectados en las oposiciones a funcionarios de 2003 creen que la medida resulta irregular, puesto que quien debe designarlos es la autoridad judicial y no se puede ser "juez y parte" a la vez.
El Consorcio Insular de Bomberos ya designó el nuevo tribunal calificador que se encargará de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da la razón a cinco aspirantes a bomberos que fueron suspendidos en las pruebas convocadas en 2003. El citado órgano estará compuesto íntegramente por funcionarios, tal y como exige la legislación, y su presidente será Fernando Clavijo Redondo, jefe del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias. De esta manera, se pretende repetir la prueba de la evaluación psicológica y, si los denunciantes la superan, podrán someterse al reconocimiento médico y el período de prácticas, según el Consorcio. Pero los denunciantes rechazan la forma de actuar del Consorcio y advierten de que el proceso debe estar controlado por un juez.
Otros miembros del tribunal dado a conocer ayer serán Jesús Domínguez Castelló, sargento del consorcio de Bomberos; Humberto Gutiérrez García, jefe de sección del Servicio Técnico Forestal del Cabildo de Tenerife; Rubén Pérez Hernández, cabo del consorcio; David Ponte-Lira Pestana, bombero, así como Carlos Enrique González Martín, interventor del consorcio, que actuará como secretario del órgano. Cada uno de ellos cuenta con su correspondiente suplente.
Dicho tribunal celebrará una primera reunión el próximo jueves, 3 de abril, para empezar a determinar aspectos cruciales, como las fechas en las que se harán las nuevas pruebas a los aspirantes.
La información sobre este nuevo capítulo del polémico asunto fue ofrecida ayer por el presidente de la entidad, Manuel Ortega, quien recordó que por parte de la organización insular se ha actuado con la mayor diligencia y transparencia posible en este asunto.
El testimonio de firmeza de la sentencia del TSJC fue recibido en el consorcio el pasado 15 de marzo, según Ortega. En función de dicho documento, el día 26 de marzo se dictó la resolución por la que se nombró a los miembros del nuevo tribunal calificador, donde figuran funcionarios del Ejecutivo autónomo, el Cabildo insular, el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el propio consorcio.
Cabe recordar que la designación del tribunal se ha producido casi seis meses después de que el Consorcio de Bomberos recibiera la primera notificación de la sentencia del TSJC.
El portavoz de los aspirantes, Alberto Álvarez, calificó ayer de "repugnante" lo anunciado por Ortega, a la vez que adelantó que "no nos vamos a examinar con una oposición ilegal". A juicio de Álvarez, el consorcio, de forma unilateral, no puede designar a los miembros del tribunal calificador como un hecho consumado, sino que, como parte implicada en un proceso judicial, debe plantear su propuesta, los denunciantes opinan y, finalmente, el juez decide.
De hecho, la abogada de los denunciantes, Almudena Viota Mariñas, ya presentó un recurso de reposición a la composición de los miembros del tribunal calificador.
En una de las alegaciones de dicho documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, se expresa que "el procedimiento de ejecución de sentencia ha de estar dirigido, controlado y consagrado dentro de los tribunales de justicia a los que pertenece la competencia".
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