La obligación a hacer en gallego una parte de las pruebas de las oposiciones de Educación no ha dejado indiferente a nadie. Los sindicatos están divididos, A Mesa pola Normalización Lingüística advierte de que es insuficiente, pues "no se cumple el mínimo" exigido por la Ley de Función Pública y Galicia Bilingüe pone el grito en el cielo, pues "se discrimina a los castellano parlantes". El PP también ha alzado su voz en contra y pide a la Xunta que "reconsidere su postura". Por su parte, los partidos que respaldan al bipartito apoyan también la decisión de Educación para impulsar la normalización del gallego en la escuela y garantizar que los profesores puedan impartir en gallego sus clases.
El equipo de Laura Sánchez Piñón propone que los candidatos a una plaza fija de profesor y maestro este año tengan que presentar escrita en gallego la programación didáctica (sesenta folios) y luego defender esta programación en gallego durante veinte minutos.
La Consellería explicaba ayer que se trata de "una única prueba" que consta de dos partes y que así se cumple la Ley de Función Pública de Galicia, reformada el pasado verano, y que obliga a "una o más pruebas del proceso selectivo se realicen exclusivamente en lengua gallega".
Sin embargo, A Mesa pola Normalización Lingüística discrepa de la Consellería y advierte de que no se está cumpliendo la Ley de Función Pública, pues "la programación didáctica no es una prueba en sí, sino parte de una prueba, que incluye también la unidad didáctica". El presidente de A Mesa, Carlos Callón, calificaba ayer de "ilegales" las órdenes que regulan el proceso selectivo para profesores y maestros, si éstas finalmente se aprueban tal como están redactadas. También anunciaba que pondrá en manos de los servicios jurídicos los dos proyectos de orden, pues "como mínimo para cumplir la legalidad los opositores deben hacer en gallego la programación didáctica, pero también la unidad didáctica". Esta última consiste en la preparación durante una hora de un tema que toca en sorteo y su exposición oral ante el tribunal.
Dudas de la CIG
En términos parecidos, pero con más cautela se expresaban ayer desde el sindicato nacionalista CIG. Anxo Louzao manifestaba sus dudas de que la orden "esté cumpliendo bien" la Ley de Función Pública, pues "no recoge que la unidad didáctica sea también en gallego". La CIG así se lo explicará mañana en la Mesa Sectorial a la Consellería. Para José Fuentes, de Comisiones Obreras, es "razonable" que al menos una parte de la oposición se haga en gallego para "demostrar el conocimiento del idioma". Sin embargo UGT discrepa. Su portavoz, Raúl Gómez, prefería el modelo anterior, en el que los opositores elegían en que idioma se expresaban en los exámenes.
Más contundente es Galicia Bilingüe, un colectivo que nació como oposición al decreto que obliga a que al menos la mitad de las asignaturas se impartan en lengua gallega. Su presidenta, Gloria Lago, considera que la futura oposición será "injusta y discriminatoria", pues se podrán hacer todos los exámenes en gallego, pero nunca todos en castellano. Lago denuncia "el arancel lingüístico que discrimina a los opositores del resto de España".
En el Parlamento, las opiniones también son encontradas. Guillermo Meijón, del PSdeG, explica que Educación se limita a cumplir la ley y además "da facilidades" a los opositores, pues la prueba de gallego es la más fácil de toda la oposición. Manuel Parga, del BNG, no entiende la polémica, pues "si hay que dar la clase en gallego, habrá que saber gallego". Por el contrario, Manuela López Besteiro, del PP, acusa a la Xunta de "alejarse del consenso lingüístico y apostar por la imposición".
No habrá profesores de gallego en los tribunales
Por primera vez los candidatos a una plaza de profesor y maestro en la enseñanza pública tendrán que hacer parte de las oposiciones en gallego, pero ¿qué pasará si la programación didáctica que deben escribir en gallego tiene errores ortográficos o si en la exposición oral el candidato utiliza tiempos verbales compuestos que no existen en la lengua gallega? La Consellería de Educación explicaba ayer que el tribunal correspondiente "juzgará la capacidad comunicativa y expositiva" del candidato y lógicamente no jugará a su favor si no se desenvuelve correctamente en gallego. Eso sí, en el tribunal no se incluirán específicamente profesores de gallego.
Igual en castellano
El tribunal, informa el equipo que dirige Laura Sánchez Piñón, actuará en el caso de la prueba en gallego igual que en las otras pruebas a realizar en castellano o gallego, según elección de los opositores. También se tendrá en cuenta y para mal que un aspirante a profesor o maestro "no tenga destreza en su manejo del castellano" y tampoco por ello se incluirán en los tribunales docentes de Lengua Castellana para valorar el dominio de este idioma.
Las oposiciones de este año empezarán a celebrarse a partir del 20 de junio y están en juego 2.008 plazas. La obligación de realizar en gallego parte de las oposiciones es para todos los candidatos, excepto para los que optan a ser profesores de Idiomas.
A parte de la programación didáctica en gallego, los opositores deben con anterioridad a los exámenes del propio proceso selectivo acreditar su dominio del gallego con su formación previa o con un examen.
A favor
"Para los gallegos es rentable porque habrá menos candidatos de fuera"
Carlos tiene 29 años y quiere ser profesor de Geografía e Historia. Se presentará a la oposiciones de verano y hará todas las pruebas en gallego porque el gallego es su lengua. Carlos respalda la obligación de que al menos una parte de los ejercicios tenga que ser en gallego, porque después en el aula los profesores tienen que dar clase en gallego. Es más, Carlos defiende que toda la oposición debería ser en gallego para las asignaturas como la suya que por decreto deben impartirse en gallego.
Carlos aplaude y defiende la "discriminación positiva" del gallego, pero también razona que si uno en la oposición debe demostrar su conocimientos de la materia también debe probar que sabe manejarse en gallego.
Carlos admite que "ideológicamente" aplaude la oposición en gallego, pero es que además "egoístamente" le conviene. "Para los gallegos, es rentable, pues disminuirá la competencia, pues se presentarán menos candidatos de otras comunidades". El año pasado había ochocientos aspirantes por cada plaza de profesor de Geografía e Historia, y confía que en esta convocatoria haya menos por esta novedad.
En contra
"Estoy agobiado, pues hacer la prueba en gallego es un esfuerzo extra"
Tiene cincuenta años y prepara las oposiciones para lograr una plaza de profesor de Tecnología. Habla, pero no quiere hacer público su nombre porque dice "tener cierto miedo por si hay represalias" porque no comparte "la opinión oficial".
Se siente "discriminado" porque se le obliga a "escribir y hablar en gallego" y, sin embargo, a un gallego parlante no se le impone el empleo del castellano en alguna de las pruebas de las oposiciones. También dice sentirse "agobiado" porque aunque sabe gallego, ni lo escribe ni lo habla "con corrección normativa", y eso le supondrá "un trabajo y esfuerzo extra" y además "de repente" porque acaba de enterarse de esta nueva obligación y las oposiciones están a la vuelta de la esquina (el 20 de junio).
Este opositor de Vigo defiende que si en Galicia hay dos lenguas oficiales, él debería tener derecho a elegir el idioma en que se expresa.
Por otra parte, argumenta que la asignatura que aspira a impartir en el instituto, Tecnología, no es una materia a dar en gallego, por lo que no entiende por qué debe hacer parte de los exámenes en gallego.
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