Las negociaciones entre Gobierno y agentes sociales tendrán un tercer episodio este mismo lunes. Tras dos negativas del Ministerio de Seguridad Social ante las peticiones de sindicatos y patronal para prolongar los ERTEs por causas de fuerza mayor derivadas del COVID-19 hasta el 30 de septiembre, las negociaciones se reanudarán hoy con un claro obstáculo: el aspecto económico y el nivel de déficit de las arcas de la Seguridad Social.
Y es que el acuerdo depende de nada menos que 4.000 millones de euros, la cantidad excedente de las previsiones de la Seguridad Social que estimaban que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal tendrían un coste de 2.200 millones de euros, cifra que solo permitía el sostenimiento de las exoneraciones durante el estado de alarma. Según la AIReF, el coste que tendría mantener esta medida hasta el 30 de septiembre oscilaría entre 6.200 y 6.800 millones según la duración de los mismos: tres meses y medio o cuatro meses.
La desviación de otros 4.000 millones de euros para prorrogar los expedientes hasta septiembre dejaría en una situación muy delicada al Ministerio de Seguridad Social. Por ello, la réplica del Gobierno ante a los agentes sociales es clara: les ofrecen mantener las exensiones a los ERTE de fuerza mayor totales pero convertirlos en ERTEs por causas objetivas (conocidos como ETOP). En ese caso, las empresas dejarían de ahorrarse la cotización de los trabajadores que sigan en ERTE.
La contrapropuesta del Gobierno, declinada por los agentes sociales
A cambio de mantener las ayudas, la Seguridad Social pretende introducir incentivos a la reincorporación de trabajadores, para que las empresas no prolonguen la vuelta del empleo, mejorando la exoneración de los trabajadores reincorporados y penalizando la de aquellos que siguen inactivos. Ante esta propuesta, los agentes sociales se niegan rotundamente ya que consideran que la reincorporación de trabajadores dependerá única y exclusivamente de la demanda.
Desde la CEOE lo tienen claro: «Las empresas no necesitamos que nos quiten la cotización de los trabajadores que reincorporemos, porque si contamos con ellos es porque tenemos actividad como para mantenerlos. Lo que necesitamos es no pagar las cuotas de aquellos trabajadores que no podemos reincorporar«. Por su parte, desde Comisiones Obreras pasan la pelota al Ministerio de Seguridad Social. «En este momento, el problema está en el tejado del Ministerio de la Seguridad Social«, sentenció Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO.
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