El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó hace una semana el número de trabajadores a los que se les había aplicado en nuestro país el expediente de regulación de empleo debido a la crisis del coronavirus. Casi 4 millones de españoles se han visto afectados por un ERTE, el 16% de la población activa, siendo una cuarta parte del total autónomos, casi un millón.
El pasado mes de abril, el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, atravesó su mayor crisis administrativa debido a la urgente resolución de los ERTE´s de cientos de miles de trabajadores. Debido al caos emergente en la administración ha sido imposible la tramitación de la ingente cantidad de expedientes que se han generado desde que el Gobierno aprobó esta medida. Además, el SEPE no sólo ha tenido que batallar con este tipo de trámite durante la pandemia del coronavirus. De forma paralela y debido a la misma causa han incrementado otros trámites dependientes de esta administración.
A día 20 de mayo de 2020, el Servicio Público de Empleo Estatal continúa desbordado y con muchas prestaciones pendientes de efectuarse. En este mes de mayo sigue habiendo muchos que todavía no han cobrado la prestación y siguen inmersos en una situación económica de alta vulnerabilidad. Pero de esta situación no sólo ha sido responsable el SEPE, errores en la comunicación de los datos bancarios o en el número del DNI han retrasado en muchos casos este pago.
Con la desescalada del país, el SEPE se enfrenta a otra nueva carga administrativa. Según un estudio realizado por la web de empleo Jobatus, no sólo se siguen acumulando Expedientes de Regulación de Empleo de trabajadores que esperan su prestación, sino que además se suman nuevos trámites en el caso de que una empresa quiera finalizar su ERTE y reincorporar a sus trabajadores. Según el SEPE, para aminorar la carga administrativa bastará con que las empresas envíen en principio una plantilla informativa para que si posteriormente se realizan cambios, un gestor pueda modificarlas de forma manual.
Debido a la crisis económica que han experimentado las empresas a causa del parón de la actividad económica y el cierre de las mismas, hace una semana el Ejecutivo aprobó un decreto que señala que las empresas que tengan 50 trabajadores como máximo quedarán exoneradas de cotizaciones del 85% en mayo y 70% en junio. Las compañías con un tamaño mayor durante este mes estarán exentas en un 60% y durante el próximo en un 45%.
El gasto público dedicado a los ERTEs ascendió en el mes de abril a cerca de 2.800 millones de euros y se estima un pico de afectados en mayo que sumaría la cantidad total de 5.500 millones de euros.
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