La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes la próxima aprobación en el Consejo de Gobierno regional de 971 plazas de empleo público de personal docente e investigador -700 plazas- y de personal de administración y servicios (PAS) -271 plazas- para las universidades de la región.
Ayuso ha participado este viernes, junto a los rectores madrileños y al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, en el acto de apertura oficial del curso universitario, celebrado en la Universidad de Alcalá (UAH).
En su intervención, Ayuso ha adelantado algunas de las líneas de la que será su política en materia de universidades: entre ellas su intención de «dotar a la universidad de un modelo de financiación» que elimine «rigideces» y «garantice una estabilidad y certidumbre que le permita planificar estrategias a más largo plazo».
Y también «un nuevo marco regulatorio que promueva un avance de la calidad y la excelencia de las universidades públicas madrileñas», que «mejore no solo la capacidad docente sino también la capacidad investigadora».
Junto con la oferta de empleo público para 2019, la presidenta regional ha anunciado una inversión de 10 millones de euros en becas por parte de la Comunidad de Madrid.
Concretamente, la presidenta ha indicado que ese importe estará distribuido en 3 millones para ayudas a la matrícula de alumnos universitarios en situaciones económicas desfavorables, 300.000 euros para ayudas a alumnos con discapacidad y 6,7 millones de euros para becas de aprovechamiento académico excelente.
«Vamos a incrementar las becas, especialmente para estudiantes con necesidades económicas, y vamos a completar con una cantidad adicional las becas Erasmus, para que más alumnos puedan ampliar sus estudios en el extranjero», ha declarado Ayuso.
Asimismo, como ya avanzó en el debate de investidura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha señalado su objetivo de crear un nuevo organismo, UNInMadrid, encargado de «atraer a las universidades madrileñas a estudiantes de otros países» -que en la actualidad suponen el 5% del total de matriculados- para «hacer de la Comunidad de Madrid un centro de atención y retención del talento internacional».
«Es cierto que la universidad ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero ahora es necesario que dé un salto a una nueva dimensión», ha indicado Ayuso, que ha destacado en ese sentido su intención de «potenciar el papel de los Consejos Sociales para promover las relaciones entre la universidad y su entorno».
Además, ha mostrado su Intención de mantener una interlocución constante con las universidades públicas madrileñas por parte de la recientemente creada Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.
Entre los objetivos del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha destacado también la necesidad de una «renovación generacional» en las universidades madrileñas, dada la jubilación en los próximos años de un gran número de docentes, «personas con una alta capacidad académica e investigadora que deberán ser sustituidas por otras de igual valía».
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) y rector de la UAH, José Vicente Saz, ha felicitado en su intervención a Ayuso por la decisión de crear una Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, que en su opinión es «una muestra del valor, la importancia y un reconocimiento a la institución universitaria, y que servirá para optimizar el funcionamiento de las universidades madrileñas».
Saz ha solicitado a la presidenta regional «un plan estable de financiación que permita una planificación plurianual» a las universidades públicas de la región, y «que ponga fin a los litigios» entre las universidades públicas madrileñas y la Comunidad de Madrid.
El presidente de la CRUMA ha señalado que la subida de tasas en cursos pasados ha supuesto «un gran esfuerzo económico para las familias de nuestra Comunidad», y ha añadido que «si bien es cierto que en los últimos cursos se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno regional», es necesario que la capacidad económica «no sea una dificultad o impedimento para el acceso a la enseñanza universitaria».
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