La reforma del Estatuto de los Trabajadores que impulsó el PSOE para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados ha encallado con Podemos en el Congreso, que considera que el acuerdo que ultiman PSOE y PDeCAT «empeora» la reforma laboral del PP.
Los partidos políticos están negociando esta iniciativa que fue presentada con la intención de «revertir los aspectos más lesivos» de la reforma laboral del PP relativos a la prioridad de los convenios, la ultraactividad o a la subcontratación.
La proposición de ley recibió en mayo 30 enmiendas, entre las que destaca que cuando se subcontrate una actividad propia de una compañía se respete el convenio de la empresa principal y cuando sea actividad no propia, se tome de referencia el convenio sectorial.
También instan a que se restablezca la ultraactividad de los convenios para que tengan vigencia ilimitada cuando lleguen a su fin y no decaigan, así como que los interlocutores que negocian los convenios colectivos estén legitimados.
Junto a estas enmiendas se debate la creación de un registro diario de la jornada laboral para frenar el abuso de las horas extra no pagadas -y no cotizadas- que elevaría esta infracción a la calificación de grave.
Mientras el portavoz adjunto del grupo socialista Rafael Simancas ha señalado que las negociaciones «están avanzando», otras fuentes parlamentarias han afirmado que hay un gran escollo con Podemos en torno a la prioridad de los convenios y a la ultraactividad.
Podemos ha señalado que sobre la ultraactividad hay un acuerdo «ambiguo» ya que algunas formaciones piden que permanezcan los convenios vigentes hasta que se «inicien» las conversaciones para negociar uno nuevo, frente a las propuestas de la formación morada, PNV o ERC de que la vigencia sea «indefinida».
Algunos diputados de la comisión recuerdan que podría darse la circunstancia de que se inicien las negociaciones y «nunca se llegue a un acuerdo», con lo que el convenio habría decaído igualmente.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que «no tiene sentido» la ultraactividad indefinida y aboga por dinamizar la negociación colectiva para que «de verdad se negocie y no se congele el último convenio de forma perpetúa».
Lo cierto es que el acuerdo presupuestario Gobierno-Podemos dice exactamente «ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia» sin especificaciones.
Otro aspecto complicado es el de limitar la prevalencia de los convenios en la subcontratación ya que la formación morada quiere que se derogue el artículo que impone el convenio de empresa sobre el sectorial, mientras el PDeCAT aboga por aplicar el convenio sectorial de la actividad de la empresa subcontratada.
La clave está en definir lo que es una actividad propia o no de una empresa cuando se produce la subcontratación, ya que en el caso de las camareras de piso la duda es si deben regirse por el convenio de la empresa que les contrata (hostelería), dado que son parte de la actividad principal de esa compañía, o por el contrario deben regirse por el convenio sectorial de la limpieza.
La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha denunciado que el PSOE y el PDeCAT están avanzando en un acuerdo que «empeora sustancialmente la redacción de la reforma laboral del PP», al tiempo que Campuzano incide en que se deben reforzar los convenios sectoriales pero garantizando una «cierta flexibilidad en aspectos no nucleares», que en ningún caso serían los del ámbito salarial.
El portavoz de Empleo del PNV Iñigo Barandiarán, en unas declaraciones, valora que la ponencia vaya a incluir la prevalencia de los convenios sectoriales territoriales, muy presentes en el País Vasco, pero lamenta que se introduzcan otros debates que pueden distorsionar el consenso. «A ver si por abarcar mucho en temas diferentes no apretamos suficientemente en lo importante», ha advertido.
El Ejecutivo ha impulsado esta ponencia después de que haya alcanzado un preacuerdo laboral con los sindicatos sin el visto bueno de la patronal y ante la amenaza de grandes movilizaciones sindicales el 8 de febrero busca un acuerdo urgente en el Congreso.
Desde ERC, el diputado Jordi Salvador, ha lanzado su advertencia: «Con nosotros no han negociado absolutamente nada». «Nos vienen con todo cerrado», ha dicho Salvador, que intuye que el Gobierno no quiere ser «tan ambicioso» en revertir la reforma laboral de 2012 y ha avisado de que aún presentando un paquete de medidas favorables a los trabajadores podría pesar más la situación en cataluña. «Evidentemente nos pondrían en un dilema moral porque nunca votaríamos nada que perjudique a los trabajadores», ha aseverado sin descartar una posible abstención.
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