La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reunida este viernes con la presidencia de Manu Ayerdi, ha acordado incrementar las actuaciones de control en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la revisión de la contratación temporal y las irregularidades que pudieran darse en materia de igualdad.
La planificación de la actividad inspectora para 2019 se reparte en cuatro grandes materias: Prevención de Riesgos Laborales (26%), Empleo y Relaciones laborales (17,3%), Seguridad Social (21%), Economía irregular y trabajo de extranjeros (31,7%) y Otras actuaciones (4%).
Para 2019 se incrementa la previsión de actuación inspectora total respecto al año anterior en un 7,6%, asignándose un total de 8.836 órdenes de servicio.
En materia de Prevención de Riesgos Laborales el incremento es de un 8% con una previsión de 2.291 órdenes de servicio, de las que un 80% serán de carácter planificado con mayor incidencia en aquellas actividades con accidentabilidad.
Como novedades, las actuaciones en Prevención de Riesgos Laborales incorporan de forma específica, una campaña de riesgos musculoesqueléticos para camareras de piso. También, para el año 2019 se prestará especial atención a los supuestos de reingreso de la mujer trabajadora tras los periodos de baja por maternidad y lactancia y se proseguirá una campaña sobre “Condiciones de Seguridad y Salud en contratación temporal” con la finalidad de comprobar las condiciones de seguridad y salud de trabajadores vinculados a empresas con contratos de duración determinada.
En el ámbito de relaciones laborales, con un incremento, también, del 8%, se asignan 1.528 órdenes de servicio, planificándose un 70% de la acción inspectora, que se centrará principalmente en el control de la contratación temporal y a tiempo parcial, en el cumplimiento de la jornada laboral (horas extraordinarias) y en materia de igualdad.
La previsión de actuaciones en materia de Seguridad Social se ajusta a los acuerdos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y FOGASA. Se planifican acciones inspectoras tendentes a controlar el cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad Social a partir de los procesos de detección del fraude, vigilando los encuadramientos en regímenes indebidos, empresas con deudas a la Seguridad Social, sucesiones, grupos de empresas y subcontratas, prestaciones de seguridad social, control de bajas indebidas, infra-cotizaciones o bonificaciones indebidas.
Finalmente, se incrementan las actuaciones en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, dirigidas a combatir el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social y, de esa forma, hacer frente al deterioro de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social y una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos cumplidores de sus obligaciones legales.
Balance 2018
La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también ha hecho balance de las actuaciones efectuadas hasta el 31 de octubre de 2018.
Hay un incremento de controles en materia de seguridad y salud laboral, que se materializa en un mayor número de requerimientos de subsanación y propuestas de recargo de prestaciones, aunque se han practicado un menor número de sanciones que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
En el apartado de empleo y relaciones laborales destacar que la actividad inspectora ha supuesto la conversión de 925 contratos temporales en indefinidos, evitando así que los trabajadores tengan que acudir al orden jurisdiccional reclamando su fijeza.
A ello hay que añadir que, como consecuencia del Plan de choque puesto en marcha en agosto 2018 a nivel nacional, en aplicación del Plan Director por un Trabajo Digno años 2018 a 2020, en la Comunidad Foral de Navarra se enviaron un total de 672 cartas relativas a fraude en la contratación afectando a 1.026 trabajadores con indicio de encontrarse en situación de fraude en la contratación temporal. El total de contratos transformados en la CCAA de Navarra como consecuencia de las cartas enviadas asciende a 697, lo que supone un 67,93% de los trabajadores afectados (1.026) por este Plan de choque.
En total, las actuaciones llevadas a cabo en materia de contratación temporal en la Comunidad Foral de Navarra han supuesto la conversión de 1.622 contratos temporales en indefinidos.
Resaltar, también, que se han regularizado 4.573 altas en seguridad social fruto de la intervención inspectora en los distintos sectores de actividad económica existentes en Navarra y que se han practicado expedientes liquidatorios de cuotas de seguridad social por un monto total superior a los 26 millones de €.
En cuanto a economía irregular, con vistas a conseguir una mayor efectividad en las labores de lucha contra la economía irregular, un número importante de las visitas se han realizado en horario nocturno (233), festivo (205) o festivo/nocturno (9) y con la colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (382), en aplicación de la instrucción sobre la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Integrantes de la Comisión
El encuentro ha estado presidido por el consejero de Desarrollo Económico Manuel Ayerdi Olaizola. Además, por parte del Ejecutivo Foral, también han asistido, la directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, María José Pérez Jarauta y, en representación del Servicio Navarro de Empleo, el director del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales, Ignacio Miguel Catalán Librada.
Por parte del Gobierno de España han acudido el director de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude, Juan Grangel Vicente, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, José Félix Músquiz Pérez de Zabalza, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Mª Ángeles Montes Ros, así como el director territorial-jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, Guillermo Dachary Pagola.
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