El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se centrará especialmente en la calidad del empleo y dará prioridad a actuaciones en el ámbito de la discriminación por género y la brecha salarial.
El plan se estructura en cuatro ejes y fija doce objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años.
En concreto, el plan reforzará el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos; priorizará actuaciones en el ámbito de discriminación por género, con campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.
Asimismo, la Inspección también realizará actuaciones para un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo y de las subcontratas y las empresas multiservicio; pondrá en marcha nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, y acometerá actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.
El plan prevé continuar con los esfuerzos para mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.
La aprobación de este nuevo plan supone pasar del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social que se aprobó en 2012 a un Plan estratégico que, sin olvidarse del fraude, se centra sobre todo en la calidad del empleo.
Con el plan anterior, el aumento de los efectivos de la Inspección de Trabajo (desde 2012 y a través del desarrollo de las ofertas públicas de empleo en marcha se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores) y una mayor coordinación entre la Inspección, el Ministerio del Interior, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las comunidades autónomas, se ha conseguido mejorar la eficacia de las actuaciones inspectoras.
Así, desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero, se han aflorado 519.056 empleos irregulares; detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, y logrado la conversión de más de 359.191 contratos, indebidamente temporales, en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado de todas estas actuaciones alcanza los 21.198 millones de euros.
LA INSPECCION SE CONFIGURA COMO UN ORGANISMO AUTONOMO
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social responde a un modelo de configuración único, ya que sus funcionarios ejercen competencias estatales y autonómicas en el marco de una única actuación inspectora. La consolidación de este modelo, según el Gobierno, requiere un sistema de gobernanza más compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para lograr una mayor flexibilidad en la dirección y gestión de la institución.
Por eso, el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes un Real Decreto para dotar a la Inspección de Trabajo de una nueva estructura y configurarla como un organismo estatal, desarrollando de este modo la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobada durante la pasada legislatura.
El objetivo principal del nuevo modelo organizativo de la Inspección era el de transformar la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo en un organismo autónomo de nueva creación: el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados este viernes.
La creación de este organismo configura a la Inspección como un servicio común a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia.
Según el Gobierno, el nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.
El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el encargado de ejecutar el plan estratégico 2018-2020, integrará a todo el personal que hasta ahora prestaba servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo) y estará desplegado en todas las comunidades y provincias y en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una mayor colaboración con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados y que será el organismo español de enlace con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea.
El Ejecutivo destaca que para la elaboración del plan y los Estatutos se ha contado con la participación de las comunidades autónomas, se ha presentado a los agentes sociales y debatido en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo.
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