La coalición parlamentaria de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que un contrato público se anule si la empresa contratada por la administración incurre en impagos a sus trabajadores o no cumple el convenio colectivo en vigor.
En total, Unidos Podemos y sus confluencias han presentado 187 enmiendas para la nueva de la Ley de Contratos del Sector Público que tramita el Congreso para trasponer directivas europeas. Finalizado el plazo para presentar enmiendas, la ley y las aportaciones de los distintos grupos se debatirán ahora en ponencia y comisión.
Otras de las enmiendas van dirigidas a conseguir un mayor control de los pagos a las empresas subcontratadas con medidas para atajar la morosidad y acelerar los pagos, la exclusión de los contratos públicos a empresas condenadas por corrupción entre particulares o por vulneración de los derechos humanos.
La Administración, además, deberá exigir una declaración a la empresa adjudicataria sobre si tributa, incluso a través de filiales, en países tipificados como paraísos fiscales, así como asegurarse que la adjudicataria no pueda tributar los ingresos que deriven de la actividad contratada en estos países.
EL PRECIO, SOLO EL 30% AL EVALUAR LA OFERTA
Dentro de la oferta económica, Unidos Podemos y sus confluencias propone que el precio únicamente suponga el 30% de la evaluación de una oferta por parte de la administración en la próxima Ley de Contratos del Sector Público.
De esta forma, creen que las pequeñas y medianas empresas tendrán más facilidades y menos requisitos para acceder a la contratación pública. Otras de las medidas propuestas es un mayor fraccionamiento en lotes o el desarrollo al completo de la contratación electrónica, como demanda la Unión Europea, según señala la coalición de izquierdas.
El objetivo de esta formación es «propiciar un marco de contratación pública en España que combine modernidad y derechos, transparencia y oportunidades para todos, usabilidad y sostenibilidad».
HUIR DE PRECIOS TEMERARIOS Y VINCULAR PRECIOS A CONVENIOS
Otras medidas económicas son limitar al 25% el margen a la baja en los precios ofertados para evitar posibles fraudes o «precios temerarios» y vincular los precios de los contratos a la evolución de los convenios colevtivos de los sectores implicados. En línea de otras formaciones, Podemos y sus confluencias también apuestan por reducir el margen de modificación de los contratos en vigor.
Respecto a medidas para mejorar la transparencia, Unidos Podemos defiende la publicación obligatoria de todos los contratos públicos, un mayor control sobre las empresas públicas y la independencia del órgano de control respecto a la autoridad contratante.
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