La reforma laboral ha cumplido esta semana cinco años con el balance positivo de 355.100 empleados más y un millón de parados menos, pero con la denuncia de la creciente precariedad del mercado de trabajo por parte de los sindicatos y la oposición, que siguen exigiendo su derogación.
El Gobierno defiende que la reforma ha propiciado 37 meses ininterrumpidos de generación de empleo y que el crecimiento económico se traduzca íntegramente en puestos de trabajo, cuando hasta entonces hacía falta un avance del PIB del 2 % para que eso ocurriera.
Entre otras novedades, la reforma laboral abarató con una indemnización de 20 días por año trabajado el despido objetivo, facilitó los ERE, creó el contrato para emprendedores, dio prevalencia a los convenios de empresa, permitió los descuelgues de convenio y limitó a un año su ultraactividad.
Desde que se aprobó, en febrero de 2012, la ocupación ha pasado de 18,15 millones de personas a 18,5 millones en el cuarto trimestre de 2016, un incremento reflejado casi directamente en los asalariados temporales (316.000 más), en perjuicio de los indefinidos (81.100 menos).
Mirando al tipo de jornada, ha disminuido la ocupación a tiempo completo (25.300 menos) y aumentado la parcial (380.400 más), una jornada que el 60 % desarrolla de manera involuntaria.
Eso sí, el número de desempleados ha pasado de los 5,2 millones del cuarto trimestre de 2011 a los 4,2 millones del mismo periodo de 2016, recortando casi cuatro puntos la tasa de paro (18,6 %).
En estos cinco años, no obstante, la población activa se ha recortado en cerca de 700.000 personas que han dejado de trabajar o buscar empleo y, desmotivados, han pasado a la inactividad o han abandonado el país.
Por colectivos, el paro de larga duración se ha reducido en 251.200 personas desde 2011, mientras que ha aumentado el más estructural, y el juvenil ha bajado en 274.000 personas aunque su tasa aún sigue en el 43 %.
En términos de protección al desempleo, la tasa de cobertura ha pasado del 70 % de 2011 al 56,6 % de 2016, lo que supone que, al terminar el pasado año, más de cuatro de cada diez parados no percibían ningún tipo de ayuda.
Los salarios también se han recortado en tres de los últimos cinco años, con una caída del 2,1 % entre 2011 y 2014, según el índice de precios del trabajo recientemente publicado por el INE.
Y con estas cifras, las posturas siguen encontradas.
El Gobierno subraya que la reforma ha servido para evitar la destrucción de más empleo durante la crisis y para facilitar la creación de puestos de trabajo en la recuperación, por lo que descartan revertirla.
Frente esta postura, los sindicatos no han parado de pedir su derogación, convocando el 29 de marzo de 2012 la primera huelga general y ocho meses después, el 14 de noviembre, la segunda.
CCOO considera que la reforma ha logrado «un reparto espurio del trabajo» con creación de empleo vía precarización, mientras que UGT opina que los efectos colaterales se han traducido en precariedad y pobreza, con más temporalidad, peores jornadas y salarios más bajos.
Frente a esto, la CEOE defiende que la reforma ha servido para modernizar la legislación laboral española, dotándola de flexibilidad, con cambios importantes que han ayudado a mejorar la grave situación del empleo, aunque reconocen que hay elementos mejorables.
Desde la oposición, las criticas han sido constantes para derogarla, como han planteado IU, Podemos o PSOE, o para cambiarla, vía que quiere Ciudadanos a través de, fundamentalmente, del contrato único.
En diciembre de 2016, con un nuevo arco parlamentario, el pleno del Congreso acordó exigir al Gobierno su derogación y que consensuara un nuevo Estatuto de los Trabajadores que contribuyera a recuperar derechos y crear empleo estable y de calidad.
Una vez arrancada esta legislatura, el PSOE ha puesto en marcha su estrategia de «atacar» por partes la reforma laboral empezando por la modificación de la normativa de las subcontrataciones.
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