El PSOE iniciará la próxima semana su estrategia para acabar «por partes» con la reforma laboral del PP, atacando a la «médula espinal» de la norma con la presentación de una proposición de ley en el Congreso para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados respecto a los de la empresa principal.
Así lo ha señalado el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en un encuentro informativo para presentar la proposición de ley impulsada por los socialistas, que se debatirá el martes en el Pleno de la Cámara Baja, para igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados a los de las empresas matriz, el «núcleo duro» de la «precariedad y devaluación salarial» derivados de la reforma laboral de 2012.
Este es el primer paso que el PSOE quiere dar para acabar con la reforma laboral de Fátima Báñez después de que el pasado martes el Congreso aprobase la proposición no de ley, impulsada por los socialistas, que insta al Ejecutivo a a derogar la norma laboral del PP y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que contó con el apoyo de Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto, y las abstenciones de Ciudadanos y el PDECat.
ATACAR EL CORAZÓN DE LA PRECARIEDAD
«Vamos a atacar el corazón de la precariedad laboral», ha indicado Hernando sobre la iniciativa, que fue vetada en un principio por el Gobierno pero, junto con la proposición de Ley de reforma de la LOMCE, salió finalmente adelante al levantar el veto la Mesa del Congreso.
Hernando ha explicado que el PSOE seguirá una línea de trabajo «permanente» durante la legislatura sobre asuntos laborales, con una estrategia centrada en acabar con la reforma laboral «por partes», ya que la reforma está formada por un compendio de 20 normas y 100 desarrollos reglamentarios.
La intención de los socialistas es presentar más adelante otras iniciativas para ir dejando sin efecto la reforma laboral del PP sobre aspectos como la negociación colectiva, la contratación parcial, la Garantía Juvenil o las políticas activas de empleo. De hecho, el PSOE pedirá la constitución de una subcomisión en el Congreso para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que «reordene» las normas laborales.
El portavoz del PSOE en el Congreso ha dicho ver al Gobierno «más decidido» a dar pasos en el ámbito de las pensiones y la Seguridad social en el marco del Pacto de Toledo o en el asunto de las sentencias europeas sobre indemnizaciones, al haber creado un grupo de trabajo, frente a otras cuestiones como el dialogo social, cuyos prolegómenos han sido «decepcionantes» o la reforma laboral, en el que se muestra más «renqueante».
En esta línea, Hernando ha criticado que el Gobierno no concrete «nada» al respecto de su intención de dialogar para modificar aspectos de la reforma laboral, al tiempo que ve poca iniciativa respecto a la mesa sobre la calidad en el empleo anunciada por la ministra Báñez y «vacío» el plan sobre conciliación y horarios de trabajo.
CONDICIONES LABORALES DE SUBCONTRATADOS
La proposición de ley que los socialistas llevarán el martes al Congreso, cuyo debate intentó vetar el Gobierno y pyuede acabar en el Tribunal Constitucional, pide la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, de forma que los empleados que prestan servicios en un mismo sector tengan garantizado «el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo».
De esta forma, en los casos en los que las obras o servicios a realizar por los subcontratados se corresponda con la propia actividad del empresario contratante, el PSOE pide que las empresas contratistas y subcontratistas garanticen a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empres principal o, en su caso, las que tendrían si fuesen trabajadores contratados directamente por el empresario principal.
El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha explicado que la iniciativa busca dotar de seguridad jurídica a la subcontratación y evitar la competencia desleal entre las empresas de un mismo sector, basada en la «degradación» de las condiciones laborales y en la rebaja de la calidad en la prestación de servicios.
Esto se produce cuando las empresas contratan o subcontratan servicios propios, situándose en una mejor posición competitiva frente a las que mantienen dichos servicios, puesto que trasladan costes salariales a las empresas de servicios.
Simancas ha criticado que esta desigualdad entre los trabajadores subcontratados y los de la empresa matriz se debe a que la reforma laboral hace prevalecer el convenio empresarial sobre el sectorial, lo que hace que, por ejemplo, una camarera de piso gane 1.200 euros y otra 650 euros en una misma empresa.
A esta desigualdad salarial se suma la «precarización» de las condiciones de trabajo, a través de la modulación de los tiempos de trabajo mínimos garantizado que en algunos sectores, como el turístico, pueden representar una reducción cercana a la mitad del computo anual acumulado efectivo de tiempo contratado.
SECTORES MÁS AFECTADOS
«La subcontratación y externalización es legal y positiva si se hace bien», ha matizado Simancas, quien ha denunciado que se ha convertido en una herramienta para «tirar los salarios y las condiciones» mediante la competencia desleal entre empresas y la precarización. Ha recordado que en España actualmente seis millones de trabajadores cobra en torno a 655 euros y nueve millones por debajo de los 1.00 euros.
Los trabajadores subcontratados más afectados por esta situación son las camareras de hotel, teleoperadores, trabajadores de empresas de servicios y mantenimiento y empleados de la construcción, especialmente en Islas Canarias, Baleares y las zonas de costa, si bien se «está extendiendo» a otros sectores, como la industria, ha advertido la portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Empleo de Congreso, Tamara Raya.
El Grupo Socialista se reunirá el lunes con los sindicatos y el martes con los consejeros de las provincias más afectadas por este asunto para abordar la iniciativa, que esperan que cuente con el respaldo parlamentario y su tramitación finalice en el primer trimestre del año.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.