El viernes, entre otras muchas cosas, el Ejecutivo que recientemente ha estrenado legislatura ha anunciado en Consejo de Ministros una batería de medidas para luchar contra el fraude fiscal y cumplir con los objetivos de déficit establecidos con Bruselas.
Una de ellas, quizá la más importante, es la de limitar a 1.000 euros la cuantía de los pagos en efectivo en operaciones comerciales. De este modo, se intenta luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal, especialmente en aquellas operaciones de mayor cuantía, dando un paso más hacia la desaparición del dinero en efectivo.
Y es que, desde que en 2012 se estableciese la primera limitación en los pagos en efectivo a operaciones comerciales con un valor superior a los 2.500 euros, muchas han sido las propuestas encaminadas a poner fin a uno de los mayores focos de concentración del fraude fiscal.
De hecho, son muchos los países que ya están tomando medidas en este sentido, incluso más contundentes. Dinamarca, por ejemplo, permite desde el 1 de enero de este año, que los establecimientos comerciales se puedan negar a aceptar efectivo como medio de pago. Suecia, por su parte, tiene una tasa de uso de dinero electrónico del 95%, y los billetes y monedas en circulación tan solo
Está claro que a los gobiernos les interesa que el efectivo desaparezca por completo de la circulación. Pero también es apoyada por algunas organizaciones como, por ejemplo, Gestha, que reconoce que esta medida, aunque no es decisiva para frenar el fraude fiscal, sí lo dificulta enormemente.
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