UGT y CCOO han reclamado al Gobierno que lleve a cabo una reforma fiscal «integral» y «profunda» tras los acuerdos adoptados este viernes por el Consejo de Ministros, que incluyen un aumento en las bases de cotización, la fijación del techo de gasto para 2017, la subida de algunos Impuestos Especiales y la creación de un Impuesto sobre Bebidas azucaradas, entre otras medidas.
En primer lugar, UGT considera que las medidas tributarias adoptadas este viernes por el Ejecutivo son «en conjunto positivas», ya que permiten aumentar la recaudación y no recaen sobre las clases medias y bajas, pero «claramente insuficientes».
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, UGT considera que «la poda de deducciones» en este tributo es «una medida necesaria», ya que las grandes empresas «pagan un tipo impositivo por sus beneficios muy inferior al tipo nominal, mermando ingresos públicos que deben ser obtenidos a través de otras vías que castigan en especial al conjunto de los trabajadores».
Para CCOO, el aumento en Sociedades es una medida «necesaria» tras el «hundimiento» de su recaudación, en un momento en el que, además, las sociedades no financieras han recuperado su nivel de beneficios anterior a la crisis y reducido su endeudamiento por debajo de la media de la zona euro.
El aumento en los Impuestos Especiales sobre el alcohol y el tabaco es, en opinión del UGT, una medida «razonable» en el contexto actual de escasez de ingresos, puesto que incide sobre «bienes de consumo que implican efectos perjudiciales para la salud».
Para CCOO, se trata de una actuación contra las consecuencias negativas sobre la salud de estos productos, aunque «no se mueve en la dirección de recuperar la equidad perdida del sistema tributario con la reforma fiscal». Por ello, considera «obligado» que a lo largo de la Legislatura se «aligeren» el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades de «deducciones injustificadas».
La creación del Impuesto sobre Bebidas azucaradas «en principio podría tener un impacto positivo si consiguiera ayudar a reducir su consumo», según UGT, que opina, no obstante, que esta medida «debería haberse llevado a cabo tras un análisis detallado sobre su impacto por estratos de población».
LAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE, «INSUFICIENTES»
Por último, respecto a las medidas adoptadas en materia de lucha contra el fraude, el sindicato liderado por Pepe Álvarez ha dicho que «suponen complementos que resultan positivos, pero cuyo impacto será muy reducido». «Deberían formar parte de un paquete mucho más ambicioso», ha añadido.
En este sentido, CCOO considera que las medidas de lucha contra el fraude son «adecuadas pero insuficientes». «Es necesario prohibir por ley las amnistías fiscales, aumentar el número de inspectores de la AEAT y redefinir el delito fiscal para facilitar la persecución de la evasión de impuestos de manera creíble y efectiva», ha apuntado.
UGT critica que el Gobierno ha actuado en esta materia «en base a ocurrencias y necesidades puntuales» y que España necesita una reforma fiscal «integral» que revise la estructura y el funcionamiento de todas las figuras impositivas, para lo que debe contar con los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Por su parte, CCOO ha dicho que la situación política y económica debería dar pie a una nueva etapa donde el bienestar de las personas vuelva a ganar centralidad en los objetivos de política económica. «No está aún claro que el diálogo vaya a ser verdadero y con la profundidad suficiente para recuperar a los que han caído en la exclusión y para lograr un crecimiento inclusivo», ha indicado el sindicato, que justifica en ello las convocatorias a movilizaciones previstas para diciembre.
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