El déficit de la Seguridad Social y el agotamiento del Fondo de Reserva requieren una decisión urgente por parte del Gobierno de cara al pago de las pensiones, como una aportación extraordinaria procedente de los presupuestos, según sugieren los expertos y agentes sociales consultados por Efe.
Además de esta medida coyuntural, los agentes sociales abogan por plantear, en el marco de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, una reforma de la Seguridad Social, que permita equilibrar el sistema aumentando ingresos y reduciendo gastos, así como asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
Según los últimos datos disponibles, la Seguridad Social registró hasta agosto un déficit de 6.128,06 millones de euros, equivalente al 0,55 % del PIB, una situación que ha llevado al Gobierno a hacer uso del Fondo de Reserva en los últimos años para abonar las pagas extraordinarias.
Así, la llamada «hucha de las pensiones», que llegó a estar dotada hasta con 66.815 millones en 2011, se ha visto mermada hasta los 24.207 millones actuales, con lo que previsiblemente se agotará el próximo año.
Para el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, el Fondo de Reserva no es más que «un colchón que se ha consumido antes de tiempo», algo a lo que ha contribuido la eliminación durante los últimos cinco años de una cláusula que establecía un límite del 3 % en las disposiciones del fondo.
No obstante, ha recordado que «el sistema está garantizado por el Tesoro Público, las pensiones están garantizadas por Ley», y ha asegurado que «hay voluntad política y bastante consenso para mantener el sistema» y que lo único que hay que hacer es «equilibrarlo».
La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo estudiará las propuestas de grupos parlamentarios, expertos y agentes sociales para reformar el sistema de las pensiones.
Algunos expertos ya han alertado de que será difícil mantener en el futuro el sistema de pensiones que existe en la actualidad.
«Tampoco es que vayan a desaparecer las pensiones públicas, sino que habrá que ver cómo de generosas deben ser», ha explicado a Efe el director de Fedea, Ángel de la Fuente, quien ha considerado que dentro de 40 años es posible que se mantenga su cuantía en términos absolutos, pero caerá en relación con el salario.
De momento y de cara a 2017, el Gobierno ha decidido que las pensiones subirán el mínimo garantizado por ley, el 0,25 %, pese a las peticiones de los sindicatos y la mayoría de los grupos parlamentarios de un alza mayor, de acuerdo con la inflación prevista.
La Comisión del Pacto de Toledo tendrá que estudiar, entre otras, una medida planteada esta semana por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para compatibilizar el cobro del 100 % de la pensión de jubilación con el salario (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50 %).
No obstante, para los sindicatos esta iniciativa no deja de ser una medida «coyuntural» y con un «impacto limitado».
En opinión de Bravo (CCOO), la Seguridad Social debe contar con una financiación mixta (cotizaciones y presupuestos), algo en lo que coincide la secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera.
La portavoz en materia de pensiones de UGT ha sugerido destinar una cesta de impuestos a la Seguridad Social o la creación puntual de una tasa finalista, por ejemplo sobre los carburantes, para dotar el Fondo de Reserva.
La vía de las cotizaciones también debe ser impulsada mediante la mejora del mercado de trabajo, con más empleo de calidad y mayores ingresos para el sistema, destinando el excedente a nutrir el Fondo de Reserva, ha dicho Bravo.
Barrera ha propuesto suprimir las tarifas planas y bonificaciones en las cotizaciones sociales, que cuestan 3.700 millones al año, y trasvasar los gastos de personal de la Seguridad Social a los presupuestos.
También ha sugerido mejorar las prestaciones por desempleo, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que generaría un aumento de la base de cotización mínima, y «destopar» las bases máximas de cotización, lo que aportaría unos 7.000 millones de aporte al sistema.
A su juicio, «sacar prestaciones como las de viudedad y orfandad de la Seguridad Social no es la solución», porque son prestaciones contributivas y porque «igualmente deberán ser financiadas por impuestos», en contra de lo que opina la CEOE.
Desde la patronal, el director de Relaciones Laborales, Jordi García Viña, ha admitido la necesidad del aporte extraordinario vía presupuestos al sistema de la Seguridad Social, pero lo ha considerado «un parche, que si es necesario se hace, pero no se puede convertir en la sustitución de la solución».
«Todos queremos que se mantenga el sistema», ha dicho García Viña, quien ha asegurado que la solución no pasa por aumentar los ingresos fiscales, sino por crear trabajo.
Ha alertado de que la eventual eliminación de las «tarifas planas» puede frenar la creación de empleo y ha sugerido que sean reemplazadas por bonificaciones en impuestos a las empresas.
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