La interinidad del Gobierno de Mariano Rajoy desde diciembre de 2015 está provocando la retracción de la contratación pública, al tiempo que genera incertidumbre entre los inversores privados a la hora de apostar decididamente por España, cuyos datos macroeconómicos, con crecimientos de la economía por encima del 3,2% anual, invitarían a hacerlo sin fisuras. La inversión pública está maniatada por las exigencias de déficit público que ordena Bruselas y por unos Presupuestos Generales del Estado, los de 2015, que limitaron sensiblemente la partida en infraestructuras y que ahora, ante la imposibilidad de formar Gobierno, serían prorrogados para 2017.
«No hay nuevas inversiones. Lleva todo parado un año y a la hora de ejecutar las obras todo va muy lento. La maquinaria no funciona bien por la falta de Gobierno», criticó la semana pasada Antonio Moreno, presidente de Alstom España. El ejecutivo alzó la voz para quejarse de una situación que más allá de percepciones se sostiene en las estadísticas.
No en vano, en los ocho primeros meses del curso, la adjudicación de contratos se ha desplomado el 30,3% con respecto al mismo periodo de 2015. En concreto, las distintas Administraciones han concedido proyectos por 4.432 millones, frente a los 6.359 millones de un año antes, según los datos del Ministerio de Hacienda recogidos por Infocif-Gedesco. Se trata, por tanto, de un hachazo de casi 2.000 millones.
Lidera las contrataciones Adif Alta Velocidad, con 698,7 millones, a los que se suman 248,9 millones de Adif. En total, el gestor ferroviario ha aprobado proyectos por casi 950 millones. El más importante de estos contratos, sin embargo, no se refiere a obras de alta velocidad, sino al suministro eléctrico de toda la red, por casi 170 millones.
Más datos. Las últimas cifras oficiales del Ministerio de Fomento, por su parte, apuntan a que las adjudicaciones del Grupo Fomento, el mayor licitador de España, se situaron en 819,7 millones en el primer semestre, lo que implica un recorte del 19,8% respecto a los 657 millones de 2015. En los últimos 12 meses, la caída se eleva hasta el 26,7% y, para más inri, la tendencia negativa es creciente mes a mes.
Si se detiene en los contratos de Adif, el agujero se amplía hasta el 42,4%, al pasar de 486,3 millones a 279,8. Sólo Aena compensa, parcialmente, el descenso general. Duplicó hasta los 96 millones las adjudicaciones.
El AVE a Granada
Un incremento que el gestor aeroportuario incluso multiplica en las nuevas licitaciones que realizó entre enero y julio. De acuerdo con los datos de la patronal Seopan, Aena sacó a concurso contratos por 344 millones en este periodo, prácticamente el triple que los 147 millones de un año antes. Un crecimiento que según explica la compañía «se debe al cumplimiento de la programación del plan de inversiones, en función de las necesidades analizadas y previstas en los distintos aeropuertos gestionados por esta sociedad, con el único fin de mantener los niveles de seguridad, capacidad y calidad de las infraestruc- turas aeroportuarias».
En este caso, los datos de alta velocidad también son elocuentes. Mientras que entre enero y julio de 2015 Adif licitó nuevos contratos por 830 millones, este año la cifra se limita a 209 millones, prácticamente la cuarta parte. Un deterioro que incumple ostensiblemente los compromisos del Gobierno, ahora en funciones, de Mariano Rajoy. De hecho, en la primavera de 2015 la entonces ministra de Fomento anunció que el gestor ferroviario licitaría proyectos de AVE por un importe de 3.100 millones en el conjunto del año, objetivo que quedó más que alejado de la realidad: 885 millones.
Los recortes de la contratación en alta velocidad se suceden en medio de la paralización que sufren la mayoría de las obras ya aprobadas como consecuencia de las disputas entre las constructoras y Adif por los costes. El gestor que preside Gonzalo Ferre ha cercado los modificados en los proyectos y ahora hay un puñado de contratos bajo amenaza de ser rescindidos, como ocurre en el AVE a Granada, cuya inauguración se prometió para el año pasado y ya es seguro que tampoco se celebrará en 2016.
En el fondo del enfrentamiento entre empresas y Adif está la falta de preparación de los proyectos, con bajas que en algunos casos incluso han ido más allá de la temeridad. Las consecuencias ya se dejan notar en los tribunales, donde el gestor afronta reclamaciones por casi 500 millones de euros. En este escenario, los 1.000 kilómetros nuevos de AVE para llegar a ocho capitales que prometió el Gobierno inaugurar en 2015, coincidiendo con el final de la legislatura, siguen esperando.
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