El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, considera que las pruebas para el acceso al empleo público deberían evaluar no solo conocimientos memorísticos, sino también las competencias profesionales del candidato. De ese modo, se facilitaría la inserción laboral de personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad en entidades públicas.
Esta es una de las recomendaciones incluidas en el ‘Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad’, que acaba de presentar el INAP, fruto de un convenio de colaboración con Fundación ONCE, FSC Inserta y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo.
“En un marco futuro, nos planteamos seleccionar a las personas, cualquiera que sea su naturaleza de manera diferente, ya que nuestras pruebas están basadas en un conocimiento memorístico, y esto supone una barrera, no solo para personas con discapacidad, especialmente cuando es intelectual, sino para otro tipo de personas”, asegura Arenilla con respecto a los procesos de selección del empleo público.
Por ello, el Libro Blanco recomienda “combinar las pruebas basadas en el conocimiento con otras que evalúan las competencias profesionales” en los procesos de selección para el empleo público, explica el director del INAP. “En este tipo de práctica se basa el éxito en países como Reino Unido y Alemania. Esto es algo que también ha propuesto la OCDE en un libro que acaba de presentar sobre cómo mejorar las competencias profesionales en España para conseguir empleos más productivos y de más calidad”, agrega.
“Hay modificaciones de carácter formal al modelo actual, para darle más rendimiento, porque se detectan barreras, como poca divulgación y conocimiento por parte de las asociaciones y las propias personas con discapacidad de la oferta de empleo público”, señala Arenilla.
Pero estos problemas también afectan “al resto de la población, por ejemplo, no saben si una oposición se convoca todos los años o no, y cuando son pruebas que conllevan muchos años de preparación, eso es un factor que condiciona su decisión de presentarse o no. También hay desconocimiento del tipo de trabajo que se desarrolla en la Administración Pública”, agrega el director del INAP.
Para Arenilla, otro ámbito en el que hay que progresar es en “adecuar las pruebas selectivas, algo que ya se está haciendo, pero que hay que intentar mejorar. Además, hay que concienciar más a los tribunales, para que conozcan cómo puede afectar la discapacidad al desempeño real del trabajo, o si no le afecta de ninguna manera, porque todavía quedan muchos prejuicios”, y a ello contribuiría “que haya una cuota de personas con discapacidad entre los miembros de los jurados de selección. Estas serían algunas de las principales propuestas del Libro Blanco con respecto al marco de selección actual que se aplica al empleo público, entre las que también se incluye profundizar medidas como diferenciar las pruebas para personas con y sin discapacidad, algo que ya se ha hecho en alguna ocasión, y que la ley permite desde 2007”, explica el director del INAP.
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