La Comisión de Empleo del Congreso ha dado este martes luz verde al proyecto de ley reguladora de la Protección social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero, que incorpora nuevos colectivos a este régimen especial de la Seguridad Social y actualiza la normativa que los protege.
El texto ha salido adelante con los votos de PP, PSOE, Izquierda Plural, UPyD y nacionalistas catalanes, junto con la abstención del PNV, tras la incorporación de tres enmiendas transaccionales y de diez enmiendas de PSOE, CiU, IU-ICV-CHA y BNG –la mayoría de carácter técnico–, junto a la media docena de modificaciones propuestas por el PP. Ahora será remitido al Senado para continuar con su tramitación.
Entre las novedades más importantes destacan la nueva definición que se hace de los beneficiarios de las prestaciones que gestiona el Instituto Social de la Marina (ISM), independientemente del régimen en que se hallen encuadrados, y la decisión de considerar tiempo efectivamente realizado los periodos de desembarco por enfermedad, accidente, vacaciones, permisos y licencias retribuidas para los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
A este régimen especial se incorporarán además unos 3.000 trabajadores autónomos y asalariados, aunque para algunos profesionales esto no tendrá efectos hasta 2016. Igualmente, se aplaza hasta el año próximo la nueva división en grupos de los trabajadores del sector marítimo-pesquero a efectos de cotización, así como la aplicación de los coeficientes correctores.
ESTUDIO SOBRE LOS BUCEADORES DEPORTIVOS
Por otra parte, las pensiones de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o de gran invalidez derivadas de contingencias comunes se entenderán causadas aunque en el momento del hecho los interesados no se encontraran dados de alta en la Seguridad Social, como ya se prevé en el Régimen General.
La norma simplifica asimismo la regulación del Régimen del Mar, ya que recoge solamente las especificidades del mismo en materia de cotización y coeficientes reductores de la edad de jubilación, que serán de un máximo de diez años, refiriéndose en el resto de materias a la normativa general de la Seguridad Social.
Durante la negociación del proyecto de ley, el Gobierno ha aceptado incluir una disposición por la que se le mandata a realizar, en el plazo de un año, estudios para establecer si el trabajo de los buceadores deportivos y recreativos reúne los requisitos necesarios para ser incluidos en el régimen especial.
«A TROTE DE CABALLO»
La portavoz socialista de Seguridad Social, Isabel López i Chamosa, ha reconocido que esta ley «no es mala» pero ha lamentado que «las prisas» del Gobierno hayan impedido «mejorarla entre todos», pese a la buena voluntad mostrada por los diputados ‘populares’, en materias como la integración de regímenes que prevé el Pacto de Toledo.
«Este Gobierno nos está llevando a trote de caballo para hacer una ley que requiere mucho sosiego», ha insistido, preguntándose además por qué no se incluye a los buceadores deportivo-recreativos en este régimen especial.
Joan Coscubiela, portavoz de IU-ICV-CHA, ve «oportuno y necesario» este proyecto de ley, que «compila y armoniza una legislación muy dispersa y que no daba tratamiento homogéneo a las condiciones de trabajo» del colectivo marítimo-pesquero, pero ha insistido en la necesidad de incorporar al personal de estiba en la norma, independientemente de la empresa para la que trabajen.
El portavoz económico de UPyD, Rafael Calduch, considera «prioritaria» esta ley porque «aclara y actualiza» la normativa ante los cambios en la actividad del sector, aunque ha criticado que se excluya a un sector «amplio y novedoso» como es el de los profesionales de buceo de carácter deportivo-recreativo, cuando los buques de este tipo sí están cubiertos, lo que «crea inseguridad jurídica».
CLARIFICAR EL RÉGIMEN COMPETENCIAL
Carles Campuzano (CDC), portavoz laboral de los nacionalistas catalanes, ha dado la «bienvenida» a un proyecto de ley «que tocaba» aunque ha recordado las «deficiencias técnicas» detectadas por el CES en materia de integración normativa y que «no quedan suficientemente claras» en la versión final del texto. En particular, ha lamentado la falta de garantías para las competencias autonómicas.
«Esto apunta a que en la próxima legislatura habrá que avanzar en esa plena integración del régimen de los trabajadores del mar», ha añadido, mencionando por ejemplo la exclusión de los buceadores profesionales deportivos. «No entendemos qué motivos hay», ha dicho, pidiendo además un estudio sobre las necesidades específicas de los pescadores del Mediterráneo.
«Ni siquiera me tomo la molestia de preguntar si el PP va a considerar nuestras tres enmiendas, que son de tipo competencial», ha comentado lacónico el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, que ha añadido como causa de su abstención que no se hayan añadido otros colectivos equiparables a las rederas como el de neskatillas.
NO HAY PRISA, HAY TRABAJO
El portavoz de Pesca del PP, Joaquín García, ha negado que haya «prisas» sino «trabajo en esa línea de profundizar el compromiso social del Gobierno» y de «modernizar» un régimen especial de los trabajadores del mar, cuya existencia se justifica por «las especiales condiciones de su trabajo (dureza, prolongado alejamiento y aislamiento, elevadas tasas de siniestralidad…)» que «se pretenden mejorar». «Se ha hecho lo que había que hacer», ha subrayado.
Además, ha destacado que se incluyan nuevos colectivos en el régimen especial porque «es necesario protegerlos» y ha aceptado que se acepten los desembarcos por enfermedad, accidentes o vacaciones cuenten para el computo de las pensiones de jubilación.
Finalmente, ha explicado que se excluye a los buceadores deportivos porque su título está regulado en otra normativa y porque su actividad «no cumple determinados requisitos de penosidad o peligrosidad que justifiquen su inclusión» en este régimen especial, aunque ha recordado que se pedirá al Gobierno que estudie este caso.
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