Estos resultados son fruto de 20.494 actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de las que se han resuelto ya 13.012.
El balance del segundo año de funcionamiento del buzón refleja un aumento muy significativo en su utilización, con un incremento importante en los resultados obtenidos en comparación con el primer año. En concreto, se han finalizado 7.635 actuaciones inspectoras, 2.258 más que en el primer año (42%).
El incremento es más evidente en las cuotas liquidadas a la Seguridad Social en el segundo año. Estas, ascienden a 3,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 128,5% (1,8 millones de euros más).
Asimismo, el importe de las sanciones a empresas este último año, 8,3 millones de euros, supone un incremento del 88,6% (3,9 millones de euros más).
Un instrumento eficaz de lucha contra el fraude
De los datos se desprende que en dos años el buzón se ha consolidado como un instrumento eficaz de lucha contra el fraude. Además, hay que destacar la creciente concienciación social contra estas conductas que atentan contra el equilibrio del mercado de trabajo y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
Los ciudadanos pueden notificar en este buzón las conductas fraudulentas en el ámbito laboral para que sean objeto de análisis y, en su caso, de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Una vez analizadas las comunicaciones, la información de que se dispone se incorpora a la actividad planificada de la Inspección, salvo en aquellos casos en que por razones de urgencia o gravedad se estime necesaria su realización inmediata.
Asimismo, en el buzón se pueden presentar por vía telemática denuncias por los trabajadores que sean víctimas de prácticas de fraude laboral y a la Seguridad Social en las mismas condiciones en las que se realiza por vía presencial. La Inspección tiene el deber absoluto de reserva sobre la identidad del denunciante, por lo que existe una garantía absoluta de confidencialidad.
Nueva Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobada el pasado 21 de julio, prevé la creación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, de la que formarán parte todos los organismos públicos implicados en la lucha contra el fraude laboral y contra la Seguridad Social de la Administración del Estado y que colaborará estrechamente con las Comunidades Autónomas.
En esta colaboración resulta imprescindible la de los interlocutores sociales, a los que la Ley reconoce su representación en el Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desde el que podrán impulsar la tarea de concienciación colectiva en la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social.
La nueva regulación de la Inspección reconoce, en una norma con rango de ley, a las comunicaciones al buzón como instrumento de colaboración ciudadana de cara a la mejora en la programación de las actuaciones inspectoras y a una persecución más eficaz de aquellas conductas vulneradoras de derechos laborales y de Seguridad Social más flagrantes.
Con motivo de la presentación de la Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentó el pasado mes de julio una versión actualizada de la campaña divulgativa y de concienciación «Dale la vuelta al fraude» que confirma el compromiso del Gobierno en la defensa de los derechos de los trabajadores y del Estado del Bienestar.
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