La Comisión Europea ha enviado este jueves a España un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, por considerar que no está aplicando correctamente las normas de la UE sobre tiempo de trabajo, y en particular sobre vacaciones, a los trabajadores del sector público.
En concreto, Bruselas insta a España a «respetar el derecho de los trabajadores del sector público a aplazar unas vacaciones anuales no disfrutadas por motivo de enfermedad y a que estas vacaciones pendientes les sean abonadas en caso de extinción del contrato de trabajo«.
El Ejecutivo comunitario sostiene que «en España, estos derechos no están garantizados para los trabajadores del sector público«. El dictamen motivado que se envía este miércoles sigue a una carta de emplazamiento que se remitió a las autoridades españolas en julio de 2014.
Las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para corregir la situación. En caso contrario, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
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