Las Administraciones Públicas han reducido en 374.000 el número de empleados entre el primer trimestre de 2011 y el segundo de 2013, según ha denunciado este miércoles UGT citando datos de la Encuesta de Población Activa.
En la presentación de un informe que analiza la evolución de los servicios públicos de 2011 a 2015, el secretario general de la FSP, Julio Lacuerda, indica que la gestión del Gobierno se ha limitado a «reducir la inversión pública para combatir el déficit» y a suprimir empleos públicos.
De los cerca de 400.000 empleos perdidos, la mayoría han afectado a los ámbitos de la Educación y la Sanidad, con una reducción de 6.184 y 27.848 empleos, respectivamente, durante enero de 2012 y julio de 2014.
En este sentido, para la FSP la externalización de funciones y actividades ha alcanzado cuotas «alarmantes», con un coste para las Administraciones Públicas que supera los 24.000 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda referentes al año 2012. Así, se han externalizado 45.916 contratos en el sector servicios, «como ocurre con la Sanidad en Madrid», ha señalado el responsable del gabinete técnico de la FPS, Francisco Casado y lo que ha supuesto un coste de más de 9.000 millones de euros.
Además, Lacuerda ha señalado que esta reducción de empleos se ha llevado a cabo mediante ERES de «extinción». Es decir, para el representante de la FSP las acciones del Gobierno han ido encaminadas a producir un «cambio de modelo», mediante leyes, ya que no se trata de «meras decisiones políticas».
REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El informe de la FSP refleja que el gasto en servicios públicos ha registrado una pérdida acumulada en cada uno de ellos muy elevada, salvo en el caso de las pensiones, ya que es la única partida que crece, «pero por el aumento de pensionistas que se ha producido de 2012 a 2015», ha indicado Lacuerda.
Así, el fomento del empleo ha sido la partida más perjudicada, con una reducción del 31,5%, seguida de Cultura (-31,1%) y Educación (-21,20%). Además, destacan los descensos en Sanidad y Justicia, con caídas del 9,1% y 11,9%, respectivamente.
De esta manera, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos ha sufrido un descenso aproximado del 12% durante esta legislatura, con lo que, en términos generales, los empleados públicos perciben salarios propios del año 2007.
En este contexto, la FSP considera que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) no resuelve los verdaderos problemas, sino que los «acentúa». Así, el informe muestra que entre sus consecuencias destaca la supresión de estructuras y la venta a precio de saldo del Patrimonio Público. En esta línea, se han puesto en venta más de 15.000 inmuebles y fincas de la Administración General del Estado, de los que se han «malvendido» 6.579, por un importe de 462 millones de euros.
Además, la federación ha criticado la supresión por parte de esta organización de organismos como los Consejos Económicos y Sociales y los Defensores del Pueblo de algunas comunidades autónomas, el Consejo de Juventud de España o la Dirección General de la Mujer.
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