Complejidad de las condiciones de la ayuda para parados con familia

El portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, cree que los requisitos exigidos para poder acceder a la nueva renta para parados de larga duración que han agotado sus prestaciones y que tienen cargas familiares son excesivamente complejos, lo que puede desincentivar la presentación de solicitudes por parte de quienes necesitan esta ayuda.

Así lo señala en una pregunta por escrito dirigida al Gobierno a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el diputado magenta califica de «preocupante» que la eficacia del programa resulte «minada» por la «complejidad» de las condiciones exigidas, que pueden llevar a un número «escaso» de solicitudes.

Es más, Anchuelo cree incluso que el porcentaje de solicitudes aprobadas sobre el total de solicitudes presentadas es un «criterio insuficiente y engañoso» para valorar la efectividad del programa ya que «muchas personas no llegan a presentar solicitud formal cuando se les informa en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de cuáles son los requisitos y comprueban que no los cumplen».

Evaluar la medida

«Interesa conocer el número exacto de beneficiarios de esta ayuda ya que en España hay más de 3 millones de desempleados sin prestación alguna, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es urgente poder evaluar la eficacia de esta ayuda», insiste el diputado, recordando que «el grueso de las ayudas de este programa ya debería estar aprobado».

Por eso, pide al Ministerio de Empleo información sobre el número exacto de perceptores del programa, de solicitudes presentadas y su coste presupuestario. «¿Piensa el Gobierno flexibilizar los requisitos iniciales para ampliar el número de personas que podrían ser beneficiarios de estas ayudas?», apostilla.

Precisamente este viernes, el departamento que dirige Fátima Báñez ha precisado los criterios de interpretación de la ayuda, de modo que unas 3.000 peticiones que inicialmente fueron denegadas podrán revisarse. Según los últimos datos oficiales, hasta mediados de marzo se han recibido cerca de 70.000 solicitudes, de las que han sido aprobadas definitivamente en torno a un tercio.