El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy el anteproyecto de Ley de reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que, entre otras cuestiones, prevé extender la capacidad de controlar la causalidad de los contratos temporales, el trabajo ilegal de menores y la prevención de riesgos laborales, de los 964 inspectores de trabajo a los 836 subinspectores, duplicando así su capacidad de actuación.
De esta forma, el Ministerio de Empleo redobla esfuerzos y espera un salto exponencial en la transformación de contratos temporales en indefinidos.
Este anteproyecto de Ley, que ya ha obtenido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES), viene a modernizar la antigua Ley Ordenadora del sistema de inspección para adaptarla a la nueva realidad del mercado de trabajo, en la que han proliferado nuevas formas de irregularidad relacionadas con la contratación.
Además, el Gobierno quiere pasar de un sistema de colaboración entre las distintas administraciones a otro compartido y de participación, en el que los criterios de inspección sean los mismos en todos los territorios y además tengan voz los agentes sociales.
En este mismo sentido, el Gobierno ya introdujo cambios legales en 2013 para que los trabajadores a tiempo parcial registraran a diario las horas realizadas en jornada y las complementarias.
De esta forma, el anteproyecto de Ley prevé ahora que las empresas cuenten con un registro de esta información, que podrá ser solicitado por un inspector de trabajo para verificar si no se trata de trabajos a tiempo completo encubiertos. Por lo pronto, en 2014 se incrementaron las inspecciones en este ámbito en un 127% respecto al año anterior, hasta las más de 14.400.
Por otro lado, en esa otra vertiente de involucrar en la lucha contra el fraude a nuevos ámbitos, la reforma introduce la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado y otras instancias como la inspección de Sanidad, para que puedan aportar información a la Inspección de Trabajo si cuentan con evidencias de fraude a partir del desempeño ordinario de su actividad.
¿Cómo será la nueva inspección de trabajo?
En un plano más administrativo que funcional, de acuerdo con la reforma, la Inspección de Trabajo dejará de ser una dirección general para ser un organismo autónomo con representación de las comunidades autónomas, presidido por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Además, contará con un Consejo Rector, en el que estarán representadas la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas.
Este consejo tendrá entre sus funciones la aprobación de un plan integral de objetivos, que incluirá la estrategia de la inspección, el presupuesto y los recursos personales. Por otro lado, se crearán comisiones operativas con las comunidades autónomas, que aprobarán sus propios planes anuales de objetivos para integrarlos en el plan integral.
Asimismo, se prevé la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, en la que también estarán representadas las comunidades autónomas, que servirá de enlace con la plataforma europea contra el trabajo no declarado.
Será el ‘cerebro’ que configure mapas de fraude y se apoyará en unidades de actuación especializadas. En este organismo se integrará la unidad específica que se dedicará a la lucha contra el fraude en el ámbito de la formación profesional.
Por otro lado, Empleo quiere que los agentes sociales estén presentes en la inspección de trabajo, con lo que integrarán un Consejo General, con funciones de información, audiencia y consulta, que estará coordinado con el Consejo Rector.
El anteproyecto de Ley contempla, por otra parte, incrementar los recursos destinados a la inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Para ello, se creará dentro de la Inspección una nueva escala de subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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