Los más de 1, 1 millones de empleados públicos de los cuerpos de sanidad, justicia y educación podrán negociar condiciones de trabajo comunes para el conjunto del Estado, a través de mesas de negociación dependientes de los respectivos ministerios, según el sindicato de funcionarios CSI-F.
Esta posibilidad se ha abierto a través de un cambio normativo incluido en el Decreto que regula el mecanismo de segunda oportunidad, que ha venido a cubrir una un vacío legal del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que esta norma no contempla mesas específicas para este colectivo de trabajadores.
Así pues, las nuevas mesas de negociación permitirán, según CSI-F, discutir sobre conceptos salariales comunes y tratar de reducir diferencias retributivas que, en función de la administración, pueden superar los 400 euros para un mismo puesto.
Otra de las posibilidades será la de negociar criterios de movilidad entre las diferentes administraciones, el sistema de acceso a éstas, el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los servicios que reciben los ciudadanos.
Por último, CSI-F confía en que se puedan desbloquear ámbitos como el Estatuto Docente o el Estatuto del Personal Investigador, y profundizar en áreas como la promoción interna, el desarrollo de protocolos contra la discriminación, el acoso laboral, agresiones o la lucha contra la violencia de género.
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