El comité de empresa de ‘Vinnell-Brown & Root Spain’ (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, considera que si Estados Unidos pretende usar estas instalaciones militares como sede permanente de su fuerza de intervención en África, debe mediar una «contraprestación» en materia de empleo para las poblaciones del área de influencia de la base.
José Armando Rodríguez (UGT), presidente del comité de empresa de VBR, ha manifestado a Europa Press que «era previsible» que Estados Unidos solicitase a España el uso de la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten ambos países, como cuartel permanente para sus fuerzas de respuesta ante posibles conflictos en África.
Mientras la plantilla española de la base de Morón ha sufrido 240 despidos desde 2010 a través de tres expedientes de regulación de empleo (ERE) paralelos al incremento de la presencia militar estadounidense, José Armando Rodríguez expone que un despliegue así, que superaría ampliamente el máximo de 850 efectivos que estipula el convenio bilateral firmado entre ambos países, debe estar acompañado de «contraprestaciones» en materia de empleo, como por ejemplo «la readmisión» de los 121 trabajadores despedidos a través de los ERE de 2013 y 2014, porque a su juicio la base es directamente «un chollo» para Estados Unidos.
Y es que las exigencias de Estados Unidos encuentran en España un «socio dócil» que, según el dirigente sindical, acepta las demandas de la Administración estadounidense sin reclamar nada a cambio, toda vez que a su juicio la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hablado en términos demasiado «tibios» y no está demandando con suficiente «exigencia» que el impacto de la base repercuta en materia de empleo en la población de su área de influencia. El comité de empresa, de cualquier modo, reunirá nuevamente a la plantilla para dar cuenta de este nuevo giro y decidir cómo actuar.
EL CONFLICTO DE LA BASE
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo «por causas organizativas», para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, ‘VBR’ consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE, como así fue, para que los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
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