La propuesta del Gobierno para establecer una nueva prestación para parados sin ingresos recoge una ayuda de entre 399 euros y 450 euros mensuales dependiendo de si el beneficiario tiene o no cargas familiares –los sindicatos plantean una horquilla de 426 euros a 480 euros–, durante un periodo de seis meses sin posibilidad de prórroga. Además, el programa se extendería poco más de un año, hasta el 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con las condiciones de acceso, el espectro de beneficiarios se situaría en torno a las 300.000 personas, frente a los más de 500.000 desempleados a los que pretenden llegar los sindicatos.
Según fuentes cercanas a la negociación que mantienen al respecto el Ejecutivo y los agentes sociales, el Gobierno limitaría la ayuda, vinculada al cumplimiento de acciones de formación, a personas que lleven más de un año en paro y en situación de necesidad, al no contar con recursos tras haber pasado por la Renta Activa de Inserción y el Plan Prepara. Además, el Gobierno plantea que debe haber transcurrido 12 meses desde el fin de la última prestación y el cobro de la nueva.
En el caso de los parados con cargas familiares, la propuesta del Ejecutivo entiende por tales a partir del tercer miembro familiar a cargo, al igual que en el caso del Plan Prepara, que sitúa este límite en el tercero.
Así pues, este diseño de la nueva ayuda daría lugar a un adelgazamiento del espectro de beneficiarios planteado por los sindicatos, desde los más de 500.000 parados a los alrededor de los 300.000, y a una cuantía ligeramente inferior en alrededor de 30 euros mensuales.
La diferencia radica en que los sindicatos plantean que la ayuda también se extienda a los parados que podían acogerse del programa temporal de protección por desempleo e inserción (Prodi), pero que se quedaron sin esta ayuda con la implantación del Plan Prepara en 2010, a la que ya no tuvieron derecho.
Además, los sindicatos están en contra de dejar a los parados 12 meses sin ayudas entre el consumo de la última prestación y de la nueva, dada su situación de necesidad, y también plantean que los seis meses iniciales se puedan prorrogar en el caso, por ejemplo, de que el beneficiario permanezca realizando programas de formación.
Asimismo, las centrales no quieren limitar el programa completo a un año, sino mantenerlo hasta que la tasa de paro se reduzca como mínimo por debajo del 20%. La última divergencia se refiere a que los sindicatos consideran cargas familiares a partir del primer miembro dependiente del beneficiario.
En lo que hay acuerdo es en la necesidad de aplicar la nueva ayuda con carácter retroactivo desde el 1 de noviembre de 2014. Las mismas fuentes señalan que, aunque las diferencias entre las partes siguen siendo «notables», aún existe una «posibilidad de acuerdo» y que, por tanto, prosiguen las negociaciones.
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