La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley que modifica el sistema de liquidación de cuotas empresariales de la Seguridad Social con el voto a favor de PP, PSOE, UPyD y CiU, tras incorporar seis enmiendas de los ‘populares’ más tres cambios acordados con los socialistas y con la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que finalmente ha optado por la abstención.
La norma supone sustituir el actual modelo de autoliquidación por uno de facturación de la Seguridad Social, lo que permitirá un control integrado de la recaudación basado en el cálculo previo de la Administración de las cuotas de cada trabajador, además de aportar mayor información a empresas y trabajadores, incluyendo bonificaciones, exenciones o minoraciones de tipo.
Con estos cambios, las empresas se ahorrarán 63,4 millones de euros al año por las menores cargas administrativas y la correcta aplicación de bonificaciones o reducciones, mientras que la Seguridad Social dispondrá de hasta 171,22 millones de euros adicionales al acabar con las cotizaciones inferiores a lo debido y la aplicación indebida (en exceso y en defecto) de las deducciones.
La previsión del Ministerio de Empleo es que el nuevo sistema comience a introducirse paulatinamente a partir de este trimestre, empezando por el Régimen General, y que luego se vaya ampliando a otros regímenes de la Seguridad Social. Su coste de mantenimiento será de unos 5,78 millones de euros anuales.
MEJORA TECNOLÓGICA
El socialista Manuel de la Rocha ve «con buenos ojos» este proyecto de ley, que parte de una iniciativa «del Gobierno anterior» y propone una «mejora tecnológica y simplificación de la gestión» de la Seguridad Social, positiva para el sistema. También ha valorado la decisión de implantar los cambios «progresivamente», porque «el gran reto son las pymes», que necesitarán de un «esfuerzo» de formación y de tecnología para adaptarse.
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha expresado sus «serias dudas técnicas» sobre las posibilidades de implantar estos cambios en las pymes y micropymes españolas, aunque ha optado por «dar un voto de confianza» a los funcionarios de la Seguridad Social, que creen que esto puede funcionar. «Para cambiar siempre se estará a tiempo», ha dicho.
El responsable económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, aplaude las «ventajas importantes» que aporta el nuevo modelo de autoliquidación en cuanto a la modernización del sistema y la reducción de cargas administrativas y costes, con la consecuente mejora del control y la recaudación que puede conllevar, pero reclama que se acompañe de campañas de información, un «buen servicio de asistencia», un sistema «ágil» de corrección de errores y la formación necesaria para los funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otras ideas.
CAJA ÚNICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, critica que la norma no incluya ninguna mención a la ley troncal sobre confidencialidad de datos, aspecto fundamental en la gestión de la información de la Seguridad Social. Y también ha reprochado la «perversión» que se ha hecho del concepto de caja única, en contra de lo previsto en los estatutos de autonomía, con la única intención de evitar que las comunidades gestionen los recursos de la Seguridad Social.
Carles Campuzano, de CiU, aplaude los «necesarios» objetivos de simplificar el sistema, reducir costes y conseguir una mayor efectividad del sistema. Pero también coincide con su homólogo vasco en que el concepto de caja única, «que no figura en la Constitución», se utiliza «habitualmente para evitar abrir la discusión sobre la gestión de la Seguridad Social por las comunidades autónomas», una posibilidad que la Generalitat de Catalunya tendría en virtud del Estatut de 2006.
El ‘popular’ Gerardo Camps ha subrayado que esta ley supone «un cambio de gran envergadura que variará sustancialmente la relación entre Seguridad Social, empresas y ciudadanos» que beneficiará a todas las partes. No obstante, ha aprovechado para recordar a CiU y PNV que la referencia a la caja única, que no se introduce con esta norma, es «junto con el principio de solidaridad financiera», una de las bases de la Ley General de la Seguridad Social y resulta «coherente, oportuno y necesario para ejecutar sus funciones».
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