La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet) se ha dirigido de nuevo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que pida el cese del buzón antifraude puesto en marcha hace un año por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Tras desestimar la Defensora del Pueblo una denuncia previa realizada por la asociación en agosto de 2013, Andet ha enviado un nuevo escrito a Becerril al considerar que Empleo «ha mentido tanto a la propia Defensora» como a los grupos parlamentarios, según ha explicado en un comunicado.
Según Andet, Empleo alegó en su día ante la Defensora del Pueblo que el buzón no tramitaba verdaderas denuncias, sino simples «avisos». Becerril desestimó la denuncia de la asociación al entender que «la denuncia anónima no constituye denuncia en el sentido jurídico-formal, ya que adolece de un requisito esencial para constituir un acto que pueda dar lugar al inicio de actuaciones previas a un expediente sancionador».
Sin embargo, Andet se agarra al balance que realizó la semana pasada el Ministerio del primer año de funcionamiento del buzón antifraude, en el que explicaba que esta herramienta ha dado lugar a 8.192 actuaciones inspectoras, que han desembocado en sanciones por valor de 4,4 millones de euros.
Así, Andet entiende que «no sólo se está vulnerando la ley y tramitando actuaciones inspectoras sin las necesarias garantías constitucionales», sino que Empleo «faltó a la verdad y mintió a la Defensora del Pueblo» cuando aseguró que las denuncias presentadas en el buzón no eran denuncias en sentido estricto.
«El buzón tramita verdaderas denuncias anónimas y por lo tanto mintieron para sacar adelante un sistema de denuncias ilegal», subraya la Asociación, que reclama a Becerril que inste a Empleo al cierre del buzón antifraude.
Paralelamente, Andet ha trasladado al Parlamento Europeo una petición para que se pronuncie «sobre la ilegalidad de realizar trámites de inspección sobre trabajadores mediante procedimientos anónimos sin la necesaria garantía legal y sin respeto a sus derechos fundamentales».
La Asociación pretende con ello llamar la atención sobre la «violación» de los derechos fundamentales de los ciudadanos que, en su opinión, está cometiendo el Ministerio de Empleo español.
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