La reforma fiscal, tal y como ha sido formulada, aumentará el actual desequilibrio de cargas entre trabajadores y quienes obtienen sus rentas del capital. Las medidas propuestas hacen que la recaudación tributaria recaiga incluso más que antes sobre las rentas del trabajo y se reduzca el papel de los impuestos al capital. Aún a pesar de que ya antes existía un evidente desequilibrio en este punto ahora se aumenta esta brecha mediante varias medidas que en realidad suponen una mayor desfiscalización de los conceptos que se tienen en cuenta a la hora de determinar la base imponible de las rentas de capital.
En los últimos días, se ha producido una sucesión de anuncios sobre los proyectos del Gobierno que apuntan aún más en esa dirección. Sin perjuicio de conocer los términos precisos del texto de los proyectos de ley, anunciar la desfiscalización de plusvalías de quienes tienen mayor patrimonio para que contraten rentas vitalicias, aumentar las posibilidades de liquidez de productos de aseguramiento individual y planes de pensiones, entre otras, no hace más que incidir en medidas erráticas que poco tiene que ver con un sistema fiscal coherente y un tratamiento justo a las distintas fuentes de renta.
El proyecto de reforma fiscal que hoy ha aprobado el Gobierno, de aprobarse sin cambios significativos, supondrá, según sus propias estimaciones, una reducción de la recaudación de al menos 9.000 millones de euros, lo que necesariamente tendrá una repercusión sobre la calidad de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, desempleo, dependencia, etc.). Muy probablemente, la consecuencia directa de esta caída de recaudación será que en los próximos ejercicios, una vez pasadas las elecciones, o se mantendrán los ajustes en los servicios públicos que recibe el ciudadano o se incrementarán los impuestos sobre el consumo (probablemente el IVA), de modo que volverán a ser los trabajadores y rentas más bajas los doblemente perjudicados de una reforma fiscal injusta.
Indemnización por despido:
La anunciada marcha atrás en el endurecimiento del tratamiento fiscal de la indemnización del despido, siendo positiva, si se concreta adecuadamente en el texto del proyecto de ley, supone una corrección sobre una medida lesiva para las personas en situación de mayor debilidad.
Prioridades:
Nuestro actual sistema fiscal ya recauda un 8,1% del PIB menos que lo que son capaces de hacerlo la media de los países de la eurozona, debido a varios motivos, pero entre los que destaca una ineficiente estructura fiscal en la que en muchos casos se permite la elusión fiscal y no se persigue suficientemente el fraude.
Desde CCOO se reclama un sistema fiscal eficaz, equitativo y justo que bascule, fundamentalmente, sobre la imposición directa y donde desaparezcan las deducciones y los beneficios fiscales que complican los impuestos y son un privilegio que benefician a los mejor posicionados. Para CCOO, la reforma fiscal tiene que buscar la ampliación de la base fiscal (el número de personas que contribuyen y la aportación de todo tipo de rentas) sobre la que se giran los impuestos, incorporando las rentas del capital desfiscalizadas, el patrimonio, la herencia, haciendo que las grandes empresas y corporaciones tributen, y achicando las bolsas de fraude y elusión fiscal.
CCOO quiere una reforma fiscal que sirva como instrumento para avanzar en la resolución de los problemas reales de las personas: el desempleo, el aumento de la desigualdad, la falta de protección, y el reparto justo de las cargas de la crisis. Por ello ha propuesto en el marco del diálogo social una reforma conectada con las políticas activas de empleo y la rebaja del desempleo estructural para, al tiempo que se ayuda a reactivar el crecimiento económico, se ayude a los que está sufriendo más las consecuencias de la crisis, recortando la desigualdad y aumentando el potencial de crecimiento de nuestra economía.
En este sentido, CCOO considera prioritario que la reforma fiscal tenga como objetivo inmediato asegurar los recursos necesarios para financiar un plan de empleo para los parados de larga duración, que se aumente las prestaciones por desempleo a quienes ya las han agotado pero no tienen acceso a un trabajo, y una renta mínima garantizada para todos los hogares que actualmente carecen de cualquier tipo de ingresos. La financiación de medidas concretas en esa dirección han sido compromisos asumidos por el Presidente del Gobierno ante los interlocutores sociales el pasado martes 29 de julio, y la estructura fiscal es una pieza esencial para garantizar los recursos necesarios para ello.
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