La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles a la juez Mercedes Alaya que acuerde que Altadis sea declarada responsable civil de los 22.325.945,98 euros que la Junta ha abonado hasta el año 2010 en concepto de ayudas para financiar la prejubilación de 173 trabajadores de la compañía tabaquera que se acogieron al ERE de 2005.
El Ministerio Público ha realizado esta petición al término de la comparecencia en calidad de imputado del ex director de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar porque entiende que no conoce las actuaciones y además apunta que en el auto por el que fue imputado no está fundada dicha imputación.
Alaya le ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza civil para el imputado de 296.935 euros.
En el caso de Altadis, Anticorrupción ha pedido que la empresa responda por los 22 millones abonados a los prejubilados hasta 2010 con la finalidad de «garantizar el reintegro de los fondos públicos presuntamente malversados», según ha explicado el fiscal en su petición de las medidas cautelares reales.
Alaya sostuvo en un auto del pasado 27 de junio, en el que imputó a varios sindicalistas por el ERE de Altadis, que el acuerdo que firmaron con la tabaquera suponía un auténtico «cheque en blanco» de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados “discrecionalmente y sin control».
José Luis Relea es el único imputado que ha comparecido este miércoles a declarar ante la juez Alaya, puesto que los otros cinco, entre ellos dos responsables de CCOO que también firmaron el acuerdo de Altadis y otros imputados relacionados con las ayudas concedidas a la empresa A Novo Comlink no han comparecido porque no han sido localizados sus domicilios, lo que ha llevado a la juez a ordenar a la Guardia Civil que proceda a la averiguación de los mismos para proceder a citarlos.
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