CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga el 8 de octubre en toda la Administración de Justicia ―en la que trabajan cerca de 45.000 personas―, contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia, tras la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Y para el día de la inauguración del año judicial, a mediados de septiembre, promoverá la celebración de un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos con el mismo objetivo.
El sindicato considera que la aprobación de la privatización de los registros civiles por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio ha sido un durísimo golpe a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia. Asimismo denuncia que los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, que habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes y posiblemente en el futuro por determinadas inscripciones y certificaciones, y que se perderán cerca de 4.000 empleos públicos.
“Esta privatización constituye un nuevo ataque a la ciudadanía en materia de Justicia, en la escalada del Gobierno por eliminar derechos y servicios públicos. No hace falta recordar que la ya aprobada Ley de Tasas Judiciales constituyó una barrera infranqueable para millones de personas para obtener la tutela judicial efectiva por la que clama nuestra Constitución, y no hay que olvidar que están en trámite proyectos y anteproyectos, como el proyecto de ley de justicia gratuita, el de la ley de jurisdicción voluntaria, etc., que van a condenar a esos mismos millones de personas a la imposibilidad de acudir a los tribunales a defender sus legítimos derechos”, afirma Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CCOO.
Por su parte, Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO, recuerda que el ministro Gallardón mantiene el texto del anteproyecto de reforma de la LOPJ, que implica la supresión de todos los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz, lo que supondrá una traba añadida para el acceso a la Justicia, al obligar a las y los ciudadanos a largos y costosos desplazamientos. Además, la nueva LOPJ impone los planes de ordenación de recursos humanos, que serán “los instrumentos que sirvan al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias para suprimir miles de puestos de trabajo”.
Para CCOO, en las medidas del Gobierno no existe ninguna intención de modernizar ni de mejorar la Administración de Justicia, sino que “sólo persiguen los objetivos de recortar este servicio público y de ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia”. Frente a estas propuestas del Gobierno, que se suman a las medidas de recortes de los servicios públicos que siguen la estela de las que ya se han aplicado en servicios esenciales como la Sanidad y la Educación, CCOO propone una reforma en profundidad de la Administración de Justicia cercana a la ciudadanía y que garantice el acceso de todos y todas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad, dotando para ello a este servicio de los medios materiales, tecnológicos y de personal que sean necesarios.
CCOO también está estudiando acciones legales para tratar de defender el mantenimiento de este servicio público y los derechos de sus miles de trabajadores y trabajadoras. Por eso anuncian que tratarán de promover “un acuerdo con las demás organizaciones sindicales sin exclusiones, que apueste por la movilización más contundente, porque los innumerables daños que el Ministerio de Justicia va a producir con estas reformas no se detienen sólo con palabras”.
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