La Cumbre Social estatal, compuesta por aproximadamente 150 organizaciones, ha acusado hoy al Ministerio Fiscal y al Gobierno de «criminalizar la respuesta social y sindical a las políticas de recortes».
Además, ha denunciado que los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas por ejercer el derecho a la huelga «solo puede obedecer a la intervención discriminatoria del Ministerio Fiscal».
Asimismo, en un comunicado, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones del 1 de julio, en la Plaza de Callao, y del 9 de julio, frente a las delegaciones del Gobierno de todo el país, por el derecho a la huelga, al considerar que «cuestionar derechos fundamentales es incompatible con la democracia».
Así, la Cumbre Social ha indicado que los procesos abiertos contra centenares de sindicalistas «solo pueden obedecer a una intervención del Ministerio Fiscal con finalidad discriminatoria».
De este modo, ha llamado a la ciudadanía a «sumarse a las movilizaciones para denunciar esta campaña de vulneración de derechos democráticos».
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