La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha celebrado este viernes que el PP, «por una vez, atendiera a razones» y procediera a retirar dos de sus enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de racionalización del sector público, con las que pretendía modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y abrir la puerta a amortizar puestos de trabajo no considerados necesarios cuando han sido cubiertos de manera irregular.
El sindicato ha recordado que se opuso a estas enmiendas porque se centraban en amortizar de manera automática los puestos ocupados por personal laboral indefinido no fijo cuyo puesto no fuera de necesaria cobertura.
Según entendía UGT, esta medida, que podría haber afectado a 50.000 trabajadores del sector público, iba a ser una nueva vía para recortar empleo en las Administraciones y para instalar la precariedad laboral.
En los textos de las enmiendas ya retiradas, los ‘populares’ indicaban que en caso de declaración judicial de irregularidad en la contratación de las Administraciones Públicas, «cuando el puesto de trabajo no fuere de necesaria cobertura, la extinción de la relación laboral se producirá con la amortización del mismo a través de los procedimientos de suspensión de puestos de trabajo propios de la Administración de que se trate».
Asimismo, en dichas enmiendas se especificaba que los trabajos de no necesaria cobertura son los destinados a cubrir una necesidad temporal, a la realización de un proyecto y los que tienen su origen en una colaboración social, entre otros.
Para los puestos de trabajo de necesaria cobertura, se preveía que el trabajador continuara desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se procediera a dicha cobertura por los procedimientos de provisión aplicables a las Administraciones Públicos, momento en el que se extinguiría la relación laboral con este trabajador, salvo que accediera al empleo público superando las preceptivas pruebas.
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