Los sindicatos CC.OO. UGT y CSI-F han anunciado este martes concentraciones y movilizaciones a partir de julio para pedir al Gobierno que convoque cuanto antes la Mesa de la Función Pública, y después de no recibir respuesta a la carta que el pasado 10 de junio remitieron al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la que le pedían dicha convocatoria.
Ante esta actitud del Gobierno, los tres sindicatos, bajo el lema ‘Negociación Ya’, van a poner en marcha una serie de acciones y «medidas de presión». Así, los trabajadores se concentrarán el viernes 11 de julio en las puertas de los centros de trabajo, en horario variable de desayuno o cambio de turno.
Además, el 15 de julio habrá concentraciones a las 12.00 horas en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma, y en Madrid tendrá lugar una concentración frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se dará lectura al manifiesto explicativo de las reivindicaciones de los sindicatos de la Función Pública.
Según las centrales sindicales, estas concentraciones son el inicio de una campaña de movilizaciones que se intensificará a partir de septiembre en caso de que el Gobierno «siga negándose a reconocer de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos», y no cesará hasta que el Gobierno cumpla con su obligación de negociar las condiciones de prestación de servicios, que deben sustentar el sistema institucional, social, y el estado de bienestar español.
CC.OO., UGT y CSI-F denuncian que la Administración lleva cuatro años desoyendo las reivindicaciones de los funcionarios en materia de negociación colectiva y diálogo social. «Y mientras tanto mantiene imposiciones por Real Decreto Ley y modifica de manera unilateral el Estatuto Básico del Empleado Público», denuncian.
Por último, reiteran la necesidad de que la Administración convoque formal e inmediatamente la Mesa General de las Administraciones Públicas para tratar asuntos que conciernen no sólo a los dos millones y medio de empleados públicos sino al conjunto de ciudadanos, que merecen la mejor de las prestaciones en todos los ámbitos de los servicios públicos.
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