El Grupo Popular en el Senado ha introducido una enmienda en el proyecto de Ley de racionalización del sector público, que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se abre la puerta a amortizar puestos de trabajo no considerados necesarios cuando han sido cubiertos de manera irregular.
Los ‘populares’ indican que en caso de declaración judicial de irregularidad en la contratación de las Administraciones Públicas, «cuando el puesto de trabajo no fuere de necesaria cobertura, la extinción de la relación laboral se producirá con la amortización del mismo a través de los procedimientos de suspensión de puestos de trabajo propios de la Administración de que se trate».
El texto entiende por trabajos de no necesaria cobertura los destinados a cubrir una necesidad temporal, a la realización de un proyecto y los que tienen su origen en una colaboración social, entre otros.
Para los puestos de trabajo de necesaria cobertura, la enmienda prevé que el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando «hasta que se proceda a dicha cobertura por los procedimientos de provisión aplicables a las Administraciones Públicos», momento en el que se extinguiría la relación laboral con este trabajador, salvo que acceda al empleo público superando las preceptivas pruebas.
CC.OO. ha explicado en un comunicado que esta enmienda pretende regular la situación de los ‘indefinidos fijos’ –aquellos que por resolución judicial que declarada en fraude de ley su contratación pasan a tener la consideración de indefinidos en su administración, pero que por haber superado pruebas selectivas que acrediten los criterios de acceso no pueden ser considerados personal laboral fijo–, de tal manera que se puedan amortizar las plazas «sin más causa que la voluntad de hacerlo».
Además, el sindicato critica que la enmienda no contempla que el fraude cometido «por la Administración, en su calidad de empleadora», tenga consecuencia jurídica alguna.
«Desde CC.OO. compartimos plenamente que el acceso al empleo público debe cumplir con los objetivos constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para que las Administraciones tengan carta blanca para incumplir a su antojo la normativa laboral», añade.
Por otro lado, el sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo advierte de que de consumarse el contenido de la enmienda, propondrá al resto de organizaciones representativas «la organización de un proceso de actuación sindical que evite una precarización aún mayor del empleo público y sus condiciones laborales».
Por su parte, fuentes de CSI-F ha rechazado «la imposición de normas que afectan a las relaciones laborales sin haberse puesto en común con los sindicatos». De hecho, recuerda que los sindicatos ya han solicitado una reunión urgente de la Mesa de Negociación de las Administraciones Públicas para retomar el diálogo social.
CSI-F señala que «vigilará» la aplicación de la norma «para que no suponga una pérdida añadida de puestos de trabajo», y plantea que es necesario llevar a cabo un plan de recursos humanos para detectar las necesidades de empleo en las diferentes estructuras administrativas.
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